El gobierno considera que las decisiones de los jueces ponen freno a su ambición antiinmigratoria.
El gobierno del presidente Donald Trump ha criticado los fallos judiciales que estas últimas semanas han puesto freno a algunas de sus medidas migratorias y ha reconocido que dificultan con sus objetivos en esta materia.
La administración arremetió contra el bloqueo de tres jueces federales a la aplicación de la nueva ley de carga pública, que pretendía negar la residencia legal permanente (green card) a extranjeros que utilizaran ayudas o servicios de organismos públicos. Organizaciones que protegen a inmigrantes consideraron que esta ley ahora detenida suponía un “castigo para los inmigrantes más pobres“.
La semana pasada fue un tribunal federal del distrito de Columbia el que puso palos en las ruedas a la medida de Trump de ampliar a todo el país las deportaciones aceleradas (expedited removal). Este programa saca actualmente del país a los inmigrantes detenidos a 100 millas o menos de la frontera y que hayan estado menos de dos semanas en el país. Además de extenderlo al ámbito federal, Trump buscaba quitarles el derecho de acudir con representación ante una corte federal.
La Casa Blanca que tachó de “impactantes” estos fallos federales, aseguró que “un sistema de inmigración legal y en funcionamiento debe tener debe tener reglas, leyes, condiciones y procedimientos para ingresar al país. Asimismo, citando a Trump, el gobierno afirma que “estas leyes deben hacerse cumplir”.
Otro de los dictámenes que han dificultado la consecución de los objetivos migratorios de Trump es el del juez de federal de California que impidió que ICE emita órdenes de arresto (detainers) en función de bases de datos de autoridades locales que pueden estar incompletas. El mismo juez impidió a la agencia federal ordenar a autoridades de jurisdicciones santuario la retención de inmigrantes que sus policías hayan arrestado.
Un tema al que no se refirió la Casa Blanca pero que también forma parte de la lucha por frenar la implantación del programa de Trump en contra de los migrantes es la prohibición del uso de cárceles privadas para inmigrantes en California. Después de Illinois el estado dorado es el segundo en ordenar el cierre de las puertas de estos centros de detención.
