La nueva norma del gobierno afectaría a las familias migrantes y acabaría con la protección de los menores.
El gobierno del presidente Donald Trump publicó este viernes en el Registro Federal estadounidense una nueva política que pretende la detención indefinida de familias migrantes con niños. La normativa actual, gracias al Acuerdo Flores, impide retener a los menores durante más de 20 días. La propuesta mantendría a todos los miembros de la familia privados de su libertad hasta que se resuelvan sus casos en los tribunales de inmigración.
El documento presentado resalta que “la nueva regla final modifica las regulaciones relacionadas con la captura, procesamiento, cuidado, custodia y liberación de menores extranjeros“. Según el mismo texto, el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico de William Wilberforce de 2008 (TVPRA) “han alterado significativamente las autoridades legales” en esta materia.
Mientras el acuerdo Flores prohibe la detención prolongada de menores, TVPRA impide la deportación inmediata y exige que un juez sea el que decida el porvernir de esos niños en el país. Ambos beneficios, de acuerdo a Univision, cuentan con el respaldo del Congreso y de los tribunales de justicia. Aún así, el gobierno ya anunció este martes su modificación en lo que respecta a la detención. El resto, aseguró la administración, permanecerá intacto.
El texto de la nueva regla final recoge que garantizará que “todos los menores extranjeros […] sean tratados con dignidad, respeto y especial preocupación por su vulnerabilidad particular como menores“. Sin embargo, las organizaciones que defienden a migrantes han expresado su preocupación por esta medida gubernamental, que vieron como una intento de Trump por tumbar el citado Acuerdo Flores de manera unilateral.
Desde la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), la presidenta Marketa Lindt alertó de que “la detención prolongada causa un daño profundo y bien documentado al bienestar físico y mental de los niños y las familias“. Además, AILA contradice al gobierno de Trump adviertiendo de que la medida “no actuará como efecto disuasorio“.
El director ejecutivo de la misma organización, Benjamin Johnson añadió que la regulación supondrá un gasto “de miles de millones de dólares de los contribuyentes en cárceles privadas, para encerrar familias y niños”. De acuerdo a Univision, otras organizaciones de reconocido prestigio como la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) o Human Rights Watch (HRW) también se han pronunciado en contra de la norma.
El documento estará 60 expuesto a comentarios públicos que, según la administración, serán “considerados cuidadosamente”. Tras ese periodo, el gobierno puede o bien volver a redactarla para incluir los comentarios o bien publicarla como está.
