USCIS impone más obligaciones económicas a quienes se comprometan a respaldar a un extranjero.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) ha aumentado las responsabilidades económicas a las que se enfrentan los ciudadanos o residentes en Estados Unidos que se comprometan a apoyar financieramente a un extranjero que solicita ayudas públicas. La agencia publicó el pasado viernes un documento que recoge las obligaciones ampliadas de los llamados “patrocinadores”.
El listado, titulado “Responsabilidades Legales para los Patrocinadores de Extranjeros”, es la respuesta de la agencia gubernamental a un memorando que el presidente Donald Trump lanzó en mayo. El mandatario ordenó entonces a sus funcionarios a implementar una ley de más de 23 años de antigüedad, que aún no se había puesto en práctica y que obliga a los familiares de inmigrantes que pidan ayudas públicas a rembolsar al gobierno el costo que haya supuesto dicha prestación.
Para “cumplir con su compromiso de conformidad a la ley”, el familiar tendrá que firmar una Declaración Jurada de Apoyo (Affidavit of Support) en la que se responsabiliza a respaldar económicamente al inmigrante al que “patrocina”. Estos inmigrantes patrocinados son, según Univision, solicitantes de una visa o de la residencia legal permanente.
“Al enviar esta declaración jurada o un contrato entre el patrocinador y el familiar, usted acepta usar sus recursos para apoyar a los inmigrantes nombrados en los formularios y para reembolsar el costo de cualquier servicio público con recursos del gobierno mientras su obligación esté vigente”, indica el formulario que debe firmar. La obligación, aclara el documento, “se extiende durante 10 años o hasta que el extranjero se convierta en ciudadano“.
USCIS dijo que los inmigrantes “pueden no ser elegibles para ciertos beneficios públicos” tales como Medicaid, Seguridad de Ingreso Suplementario, Asistencia Temporal para familias necesitadas. A partir de ahora, en caso de recibirlos, los familiares “responsables” tendrán que cargar con los gastos que eso haya supuesto a las arcas públicas. “Si no reembolsa a la agencia que otorgó la asistencia, -advierte la nueva regla- la agencia puede obtener una orden judicial de reembolso”.
