MS-13 obligó al joven a ser testigo de atrocidades que el Gobierno de Trump usa como excusa para expulsarlo del país.
La confianza que un menor migrante no acompañado depositó en su terapeuta del centro de detención se le ha vuelto en su contra y lo ha dejado expuesto a la deportación después de casi tres años bajo la custodia del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Kevin Euceda, un hondureño de 19 años, cruzó la frontera con su hermana en mayo de 2017. La Patrulla Fronteriza los encontró perdidos en Texas tras cruzar el Río Bravo. Su hermana, que era mayor de edad, fue deportada en cuanto pudieron y a él lo enviaron a un centro juvenil de internamiento en un área rural de Virginia.
Hay tuvo lugar su última audiencia en remoto el pasado otoño. Desde una corte del norte de Virginia, la jueza Helaine Perlman le dijo a Euceda y a sus abogados que el Gobierno le había pedido que repensara su decisión de aceptar la solicitud de asilo el ahora joven de 19 años. Los abogados del Ejecutivo quieren forzar la deportación del hondureño basándose en las conversaciones supuestamente confidenciales que él había tenido con su terapeuta.
Esta nueva estrategia del Gobierno de Donald Trump de usar información que los detenidos confían a los psicólogos de los centros de detención son aparentemente legales pero han sido criticadas por asociaciones de terapeutas por violar la confidencialidad de los pacientes, según informa The Washington Post.
Kevin contó a su terapeuta, tal y como relata el diario capitalino, que había sido forzado a pertenecer a la pandilla MS-13 y que esa fue la razón por la que huyó de su país. El entonces adolescente fue testigo de asesinatos, desmembramiento de cuerpos y fue obligado a vender drogas.
En la audiencia que tuvo cuando aún no llevaba ni un año detenido, la jueza le dijo a Euceda que quedaba en libertad hasta que se resolviera su caso pero ICE solicitó una retención de emergencia para la orden de Perlman y el joven -que ya incluso había dado las gracias a la jueza “por la oportunidad”- siguió en el centro de detención.
Seis meses después, en una audiencia en que Perlman pensaba concederle el asilo al Guatemalteco, ICE volvió a impedir su puesta en libertad. Sus abogados, estudiantes de una universidad de Washington, pidieron celeridad a la jueza en la última audiencia.
En septiembre de 2019, la propia jueza le dijo a Kevin que iba a emplear “muy poco tiempo para revisar los documentos” pero a mediados de febrero de 2020, según el Post, el joven aún no tiene noticias y lleva más de 950 días detenido.
