Mapa interactivo revela dónde se concentra el mayor número de estos extranjeros y los beneficios a sus comunidades.
El 12 de marzo de 2019, las representantes Lucille Roybal-Allard (D-CA), Yvette D. Clark (D-NY) y Nydia M. Velázquez (D-NY) presentaron HR-6 o la “Dream and Promise Act”, que beneficiaría al menos a 2.5 millones de inmigrantes protegidos bajo tres programas.
La norma, de ser aprobada en el Congreso, ayudaría a que los “dreamers” protegidos con la Acción Difererida para los Llegados en la Infancia (DACA), a quienes tienen el Estatus de Protección Temporal (TPS) y quienes están bajo el programa de Salida Forzada Diferida (DED).
Un mapa interactivo desarrollado por el Centro Dornsife para el Estudio de Integración de Inmigrantes (USC-CSII) de la Universidad del Sur de California y el Centro para el Progreso Americano revela las entidades donde se distribuyen estos inmigrantes y los clasifica por distritos federales.
“Las estimaciones en este mapa incluyen a todos aquellos que eventualmente serán elegibles para solicitar el estado de CPR (la nueva protección”, indica el estudio.
Destaca que aquellos que calificarían deberán cumplir con los requisitos educativos adicionales, el servicio militar o los criterios de empleo para eliminar las condiciones de su residencia y obtener la Residencia Permanente, para luego naturalizarse.
El reporte apunta que estos inmigrantes actualmente contribuyen a la economía de los Estados Unidos, pagan impuestos locales, estatales y federales. Es decir, sus ingresos representan $66,400 millones de dólares de ingreso familiar nacional, además pagar impuestos estimados en $24,000 millones de dólares anuales.
Las nuevas estimaciones muestran que 1.8 millones de “dreamers” serían inmediatamente elegibles, y así como 300,000 más que podrían lograrlo si cumplen las condiciones mencionadas.
Además, 460,000 inmigrantes protegidos con TPS o DED serían elegibles actualmente para obtener la Residencia Permanente y, eventualmente, la ciudadanía.
El mapa ofrece detalle por cada distrito federal, por ejemplo, en el 14, representado por Alexandria Ocasio-Cortez (D), serían beneficiadas unas 13,400 personas, que pagan alrededor de $131 millones de dólares de impuestos federales y $89 millones de impuestos locales y estatales anuales.
Desde 2017, el presidente Donald Trump ha tomado medidas para terminar con los beneficios migratorios de estas personas, la mayoría originarias de América Latina, África y Asia, pero tribunales han detenido la terminación de los programas, aunque el Gobierno federal continúa con su plan ante las cortes.
“La Administración de Trump ha tomado pasos crueles para hacer a un lado la vida de ‘dreamers’, (beneficiarios de) TPS y DED, profundamente arraigados en el país; miembros de nuestras comunidades desde hace mucho tiempo, que ahora están en el limbo”, expresó Nicole Prchal Svajlenka, analista senior de políticas de inmigración en CAP. }
Destacó que el Congreso debe conocer el número de personas a las que beneficiaría, así como los beneficios económicos que representan para el país, a fin de justificar su decisión, por ello se realizó el mapa interactivo.
“La ‘Dream and Promise’ tiene como objetivo brindar protección a millones de inmigrantes que han crecido en este país, así como a cientos de miles de personas que huyeron de conflictos y desastres naturales en sus países de origen”, apuntó el profesor Manuel Pastor, director de USC-CSII. “Es importante que los miembros del Congreso sepan, a nivel de sus propios distritos, la magnitud del impacto como las contribuciones extraordinarias que estos inmigrantes a sus economías locales”.
