Un juez federal prohibió a la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) solicitar la retención de inmigrantes que están en custodia de departamentos de policía o del alguacil al considerar que la base de datos que utiliza para identificar a las personas que busca deportar es deficiente y ha generado que ciudadanos estadounidenses o que no son sujetos a ser removidos del país hayan sido encarcelados por más tiempo del debido.
La prohibición emitida el miércoles por el juez Andre Birotte Jr. es específica para el distrito central de California, por lo que ICE no deberá hacer peticiones de retención a los cuerpos policiales de siete condados: Orange, Los Ángeles, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.
En todos esos condados ya existe una restricción legal de colaboración con las autoridades de inmigración al ser California un “estado santuario”, por lo que aparentemente las acciones de ICE continuarían sin cambios.
Sin embargo, la orden judicial implica que los agentes de inmigración no podrán hacer uso de uno de sus principales centros de operaciones ubicado en Laguna Niguel, en el condado de Orange, el cual funciona las 24 horas y desde donde se hacen las solicitudes de retención a departamentos de policía de 42 estados.
El fallo continuaría siendo efectivo en caso de que ICE mudara ese centro de operaciones a otro lugar fuera del distrito central de California.
Agentes de ICE querían deportarlo a pesar de que sabían que era ciudadano de EEUU
En un comunicado la misma Casa Blanca reconoce el impacto que tendrá la prohibición al criticar el dictamen del juez.
“Un juez de California emitió una orden judicial de amplio alcance sin fundamento legal que, si no es cancelada de inmediato, garantizará la liberación de innumerables delincuentes extranjeros ilegales en nuestras comunidades y pondrá a los ciudadanos en gran riesgo. Este fallo socava los pilares para el control de la inmigración y bloquea la tradicional y vital cooperación policial que ha existido durante décadas”, señala el comunicado de la Casa Blanca.
Por su parte, ICE indicó que está revisando la decisión del juez para determinar su impacto y decidir qué medidas tomarán.
El fallo del juez Birotte Jr. es resultado de una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en el sur de California a nombre de Gerardo González, un ciudadano estadounidense que fue retenido a petición de ICE y demoró su liberación cuando en el 2012 fue arrestado por la Policía de Los Ángeles (LAPD).
De mayo de 2015 a febrero de 2016, el 6% de las casi 13,000 peticiones que emitió ICE fueron para ciudadanos estadounidenses o para personas que no estaban sujetas a deportación, de acuerdo con los documentos presentados ante la corte en la demanda de ACLU.
Ese caso concluyó en septiembre del año pasado cuando el juez dictaminó que la base de datos que usa ICE suele tener información incompleta, errores significativos o no está diseñada para ofrecer indicadores que determinen si una persona debe ser deportada.
