Son obligados a trabajar para bandas criminales, denuncia la organización Médicos Sin Fronteras.
MÉXICO – El crimen organizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, secuestra y enrola a los centroamericanos que pidieron asilo a Estados Unidos y fueron devueltos a México para esperar su trámite.
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) ha documentado casos en los que personas que han sido devueltas bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) son obligadas a trabajar para bandas criminales.
Según con registros de MSF, 33 de las 44 personas a las que brindaron atención mental en octubre de 2019 dijeron haber sido secuestradas en los siete días previos. Una estadística sin precedentes en seis años de labor de la organización en México.
“Son mercancía para el crimen organizado. Tuvimos un incremento en el periodo que duraba el secuestro, teniendo casos de personas y familias que fueron retenidas por varias semanas, mientras uno u otro miembro de la familia era obligado a trabajar para la organización”, indicó Sergio Martín, coordinador de MSF en México.
“Dentro de nuestra consulta terapéutica se reporta el tiempo que duró el evento, y en las narrativas se daba cuenta que el objetivo era obtener dinero, muchos tienen familiares en Estados Unidos, y cuando eso no es posible pues tratan de sacar algo, es cuando son forzados a trabajar”.
Nuevo Laredo, donde el crimen ha infiltrado instituciones como aduanas y policía, como ha hecho en otros puntos fornterizos, está identificada como una plaza donde opera el Cártel del Noreste, un grupo emanado de Los Zetas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos cataloga a Tamaulipas con violencia Nivel 4, similar a la de Siria y Afganistán, por lo que le advierte a sus ciudadanos que no viajen a esa entidad.
Desde julio de 2019, el Gobierno de Donald Trump comenzó a enviar a Nuevo Laredo a los solicitantes de asilo para que esperen ahí sus audiencias en las cortes de Estados Unidos.
De esa fecha a diciembre, 11, 770 migrantes fueron enviados a esa ciudad, de los cuales, según estadísticas judiciales de Estados Unidos, 4,763 siguen en espera de su primera audiencia, 4,080 ya desistieron del proceso y 2,927 han acudido a más de una audiencia. La mayoría, 5, 454, son hondureños.
