La carta le llegó a la iglesia donde está refugiada desde hace 21 meses en Ohio.
Edith Espinal, quien vive indocumentada en una iglesia en Columbus (Ohio) desde hace 21 meses, fue multada por casi medio millón de dólares por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a su negativa a ser deportada, informó The New York Times.
Esta práctica empieza a ser habitual incluso en personas protegidas por centros de culto, destacó el diario, citando otras casos con multas de hasta 300 mil dólares.
Espinal, mexicana de 42 años, pasa sus días orando y leyendo en una iglesia menonita en Columbus, donde vive desde octubre de 2017, tras recibir una orden de deportación.
Los representantes de esta iglesia han estado protegiendo a Espinal, quien cruzó ilegalmente a Estados Unidos hace más de dos décadas.
A principios de esta semana, la secretaria de la iglesia le entregó a Espinal una carta de ICE que decía que se había “negado voluntariamente” a abandonar el país, había “engañado o conspirado” para evitar su deportación y por tanto le debía al gobierno casi medio millón de dólares, concretamente $497,777.
“No tengo esta cantidad de dinero”, dijo Espinal. “Nunca me imaginé que nos enviarían esta reclamación”.
Espinal es uno de los varios inmigrantes indocumentados que viven en casas de culto y que esta semana recibieron avisos similares, en lo que es la última medida tomada por la administración de Donald Trump en su represión contra la inmigración ilegal.
Funcionarios de ICE dijeron que la agencia tiene el derecho de imponer multas civiles de hasta $799 dólares al día a los inmigrantes indocumentados que hayan rechazado su deportación.
“El ICE se compromete a utilizar varios métodos de cumplimiento, incluidos arrestos, detenciones, monitoreo tecnológico y sanciones económicas, para hacer cumplir la ley de inmigración de EEUU y mantener la integridad de las órdenes legales emitidas por los jueces”, dijo Carol Danko, una portavoz de la agencia de Inmigración.
A principios de esta semana, Trump firmó una orden ejecutiva para cobrar todas las multas de cualquier persona que ingresó ilegalmente al país, y alertó de que su gobierno iniciaría redadas de inmigración después del 4 de julio.
El lote de cartas de esta semana sorprendió a los pastores y activistas, ya que las casas de culto, como hospitales y escuelas, en general han sido excluidas de las redadas.
Y es que hay otros ejemplos: en la Iglesia Presbiteriana de St. Andrew, en Austin (Texas), Hilda Ramírez Méndez también recibió un aviso esta semana de que estaba bajo la orden final de expulsión y que se le impondría una multa de $303,620 dólares.
Ella ha estado viviendo por un tiempo en la iglesia con su hijo de 13 años de edad, cuya solicitud especial de estatus de inmigrante juvenil está pendiente. Se le negó asilo en 2015, y aunque el ICE inicialmente le permitió quedarse, su estado de acción diferida no se extendió en marzo, dijo su abogada, Stephanie Taylor.
