El impacto económico sería de miles de millones de dólares, advierten expertos.
Más de 250,000 empleos de inmigrantes en Florida están en riesgo ante el avance del proyecto de ley SB 664, aprobado este lunes por el Senado estatal.
El plan, respaldado con 22 votos y rechazado por 18, obliga a las empresas a verificar que sus empleados no sean indocumentados, además de permitir al Estado auditar aleatoriamente a las empresas que optan por no usar el programa federal E-Verify.
El grupo proinmigrante FWD.us. anotó al divulgar el informe que sectores como el de la agricultura, el turismo y la construcción perderían hasta 253,500 empleos.
Además de enfatizar que los “trabajadores indocumentados ya son contribuyentes importantes a la economía de Florida” precisó que, de los aproximadamente 700,000 indocumentados que viven hoy en Florida, unos 440,000 están trabajando o buscando trabajo.
“Estos trabajadores aportan hasta $36,500 millones de dólares anuales en ganancias que permanecen en el estado de Florida”, agregó la investigación.
El patrocinador del E-Verify, el senador Tom Lee, republicano de Thonotosassa, dijo que su proyecto de ley “se ha retrasado un poco”.
Se espera que esta semana la Cámara de Representantes de Florida someta a votación de la ley y luego sea enviada al gobernador Ron DeSantis para entrar en vigor.
El senador George Gainer, de Panama City y que representa a varias comunidades rurales en los condados del denominado “Panhandle” (“mango de la sartén”) de Florida, fue el único republicano en votar con los demócratas en contra del proyecto de ley.
El SB 664 requiere que las empresas usen E-Verify, que verifica el estado migratorio de los trabajadores, o que mantengan un registro de tres años de los documentos utilizados por los solicitantes de trabajo al completar un formulario de elegibilidad.
“La economía de Florida continúa creciendo bajo el liderazgo del gobernador (Ron) DeSantis y al usar E-Verify solo ampliaremos los empleos y las oportunidades para los trabajadores legales en nuestro estado”, celebró el Partido Republicano. “(…). Es justo exigir a los empleadores que cumplan con el estado de derecho y garantizar que los trabajadores que contratan sean elegibles y, en nuestro país, legalmente”.
La medida, una promesa de campaña del gobernador DeSantis, alineado con las fuertes políticas migratorias del presidente Donald Trump, busca el cumplimiento del E-Verify entre empresas vinculadas al Gobierno estatal, pero también las privadas.
Sin embargo, ha encontrado la oposición de los sectores que mueven la economía en el turístico “Estado del Sol”, que perdería $10,660 millones de dólares en ganancias y $1,250 millones en ingresos fiscales estatales y locales, según un estudio divulgado en febrero.
