Activistas compilan decenas de agresiones en su contra, con incendios de oficinas y albergues entre otras.
MÉXICO.- A Ana Adlerstein la detuvo un oficial del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Lukeville, Arizona. Dijo que ella estaba bajo investigación por ser una “traficante de personas”, le negaron el acceso a la representación legal y la sometieron a una revisión corporal invasiva.
Adlerstein es uno de los rostros visibles de una política de hostigamiento que se ensaña contra particularmente este año con organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos de las personas migrantes, según el informe Derechos Humanos y criminalización en Centroamérica, México y Estados Unidos.
La organización Front Line Defenders (FLD), el Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México – Tijuana y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (Red TDT) compilaron testimonios de cada una de las agresiones.
Sumaron 69 desde enero pasado y hasta el 10 de agosto. Incluyen incendios de oficinas y albergues.
“Pedimos el cese inmediato de las acciones” Alberto Xicontencatl, director del refugio en Saltillo, Coahuila
Los defensores han sufrido arrestos, deportaciones, interrogatorios, difamaciones, agresiones físicas, vigilancia, acoso, hostigamiento, allanamiento y juicios injustificados como el intento de encarcelar 24 años al activista de Pueblos Sin Fronteras Irineo Mujica.
En un caso reiterativo, el activista Bartolo Fuentes ha sido blanco de varios tipos de intimidaciones en Guatemala, en México, El Salvador y Honduras por parte del Instituto Nacional de Migración, de agentes de la Interpol, legisladores hondureños y de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Guatemala.
Otras instituciones involucradas en actos de violencia contra defensores de derechos humanos son: el Ejército mexicano, la policía de la Ciudad de Mexico, Aduana y Protección Fronteriza de EEUU, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y diversas policías municipales de Mexico.
Cristóbal Sánchez, antropólogo de la organización Cultura Migrante, quien fue detenido el 5 de junio de 2019 por policías federales vestidos de civil afuera de su casa, considera que la labor que han hecho los defensores durante años estorban al acuerdo entre el gobierno mexicano para frenar la migración.
“En mi caso acompaño, documento y denuncio la violencia que viven las personas que huyen de Centroamérica”.
A Bertha López, misionera del Cristo Resucitado en Jalisco, México, recibió varias llamadas telefónicas para que dejara de alimentar a los migrantes que se dirigían desde esa zona hacia Estados Unidos.
El crimen organizado también hace su parte. A Manuel, un salvadoreño que migró a México con la esperanza de solicitar asilo en EEUU en 2016 y se quedó en Caborca, Sonora, para ayudar a coordinar un albergue para migrantes de Pueblo Sin Fronteras lo llaman todos los días para amenazarlo porque se niega a ayudar a criminales con el reclutamiento de adolescentes.
