Al no obtener la Residencia Permanente u otro permiso de estancia, los extranjeros deberán dejar el país.
La nueva regla de “carga pública”, que entrará en vigor el 15 de octubre, pondrá en camino a la deportación a los inmigrantes a quienes se rechace sus peticiones de Residencia Permanente o extensión de estancia en el país.
Lo anterior debido a que aquellas personas sin estatus legal deben abandonar Estados Unidos de manera inmediata o enfrentar un proceso de expulsión ante cortes.
Así lo indicó el abogado José Guerrero, experto en inmigración consultado por Univision, quien agregó que al enfrentar el proceso y perder, el inmigrante no tiene derecho de apelación.
“Si ese es el caso, el inmigrante no podrá apelar bajo el amparo de la Ley de Inmigración” (8 CFR 245.2(a)(5)(ii))”, agregó. “La Oficina Administrativa de Apelaciones (BIA) no tiene jurisdicción para revisar estos casos”.
Este lunes, Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dio a conocer el nuevo reglamento de “carga pública”, el cual podría impactar a más de 380,000 personas anualmente, muchas de las cuales podrían estar en riesgo de deportación al negarles la “green card”.
El abogado indicó, sin embargo, que los inmigrantes podrían presentar mociones para demostrar que sí califican para el beneficio migratorio, pero no es necesariamente una apelación.
La regla establece nuevas definiciones de “carga pública” y “beneficios públicos”, los cuales serán considerados por oficiales migratorios para evaluar cualquier petición de cambio de estatus u otra visas.
“La regla propuesta define una carga pública como un extranjero que recibe uno o más públicos beneficios”, indica el documento, el cual incorpora el umbral sobre el uso de esas ayudas en “monetizables” y “no monetizables”, para evaluar si un extranjero ha hecho uso excesivo de los apoyos.
“Una carga pública es un extranjero que recibe uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en el agregado dentro de cualquier período de 36 meses”, acota el documento.
El director interino de USCIS, Ken Cuccinelli, ha defendido la decisión al considerar que todos los inmigrantes deben demostrar que son autosuficientes.
