Enfrentan penas de cárcel de hasta 74 años, por delitos que van desde asesinatos y tráfico de armas hasta asociación con el terrorismo.
Fue un juicio masivo sin precedentes y un histórico golpe a uno de los grupos criminales más peligrosos de la región.
Esta semana un tribunal de El Salvador condenó a 373 miembros de la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha) a penas de cárcel de hasta 74 años, por delitos que van desde asesinatos y tráfico de armas hasta asociación con el terrorismo.
El juicio realizado este jueves –el mayor en la historia contra pandilleros en el país centroamericano– es la culminación de una operación identificada como Caso Cuscatlán y contó con un total de 425 acusados, 52 de los cuales fueron exonerados de delitos. La mayoría de ellos está en prisión por otros casos.
Algunas de las cuantiosas sentencias incluyen a líderes de la pandilla, que fueron identificados por la Fiscalía a través de grabaciones y llamadas telefónicas usadas durante el proceso.
Se cree que este golpe impacte las operaciones de MS-13, que tiene células definidas en países como Estados Unidos.
“Esto da señales positivas” de cooperación entre el Ministerio de Justicia, la Policía y los fiscales, dijo el analista de seguridad Ricardo Sosa sobre las sentencias, según un reporte de la agencia AP.
Se persigue a los mareros, pero no a los políticos
La oficina de prensa de los tribunales dijo que el caso también sacó a la luz negociaciones secretas entre grupos criminales y políticos en relación con el apoyo a las elecciones de 2014, cuya evidencia se presentó en el juicio en videos, fotos y transcripciones de llamadas telefónicas interceptadas.
En el Centro Judicial Isidro Menendez en El Salvador, docenas de pandilleros de MS-13 se unen a una videoconferencia para participar en procedimientos de la corte, el 10 de octubre de 2019.
En su fallo, el juez Godofredo Salazar criticó a los fiscales por no acusar a los políticos, tanto del izquierdista Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (FMLN), como de la conservadora Alianza Nacionalista Republicana (Arena).
Entre los políticos que figuraron en las grabaciones se cuentan Norman Quijano, expresidente de la Asamblea Legislativa, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt (de Arena), así como un ex ministro del Interior del FMLN.
Quijano ha negado las acusaciones y dijo que nunca se reunió con gángsters para negociar nada. Muyshondt, por su parte, reconoció en una entrevista con la televisión local que se reunió con miembros de pandillas, pero dijo que era para pedirles que permitieran votar a los partidarios de su partido.
Narcotráfico, extorsión y violencia
El Salvador tiene una de las tasas anuales de homicidios más altas del planeta, aunque los asesinatos han disminuido aproximadamente la mitad este año en comparación con 2015, cuando tuvo la mayor cantidad de asesinatos per cápita en el mundo.
El presidente Nayib Bukele asumió el cargo el 1 de junio y ordenó a su nuevo jefe de la Policía Nacional que reprimiera a las pandillas ante los crecientes ataques contra las fuerzas de seguridad.
“Ha habido un cambio con respecto a lo que hizo el gobierno anterior y se ha centrado en recuperar el territorio, el tejido social y proporcionar tranquilidad a la población con una reducción significativa de la violencia”, dijo Ricardo Sosa.
Miembros de la Mara Salvatrucha son escoltados a la sala de audiencias como parte del juicio celebrado en el Centro Judicial Isidro Menendez de El Salvador, el 10 de octubre de 2019.
El “gran desafío” de Bukele, agregó el analista de seguridad, será “trabajar en algo que nunca se ha hecho: la rehabilitación y reinserción de prisioneros en un país que tiene 28 centros penitenciarios con más de 38,000 reclusos y una tasa de hacinamiento de alrededor del 140%“.
Se estima que más de 65,000 adultos y jóvenes pertenecen a “maras” o pandillas en El Salvador, en su mayoría a la Mara Salvatrucha, y también a la organización Mara Barrio 18. Las pandillas están involucradas en el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado, y se les culpa por la mayor parte de la violencia del país.
En 2015, la Corte Suprema de El Salvador definió a la MS-13 y a Barrio 18 como grupos terroristas, lo que permitió a los tribunales propinar sentencias más duras a los pandilleros.
