El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emite unas directrices que señalan tres tipos de indocumentados en los que concentrará sus operativos. El resto no serán detenidos, aunque los agentes se los encuentren en un operativo.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció este jueves las nuevas directrices que regirán temporalmente sus operaciones tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.
La agencia federal centrará sus operativos en los inmigrantes que suponen un riesgo para la seguridad nacional, en aquéllos que han cometido delitos graves, y en los que cruzaron hace menos de cuatro meses la frontera, lo que puede frenar drásticamente las detenciones y deportaciones de indocumentados.
“Al concentrar nuestros limitados recursos en los casos que representan una amenaza para la seguridad nacional, nuestra agencia ejecutará con mayor habilidad y eficacia su misión de aplicación de la ley”, dijo el director interino del ICE, Tae Johnson.
Las nuevas directrices de ICE definen qué casos son considerados una amenaza a la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública. Además, establecen que deberá haber proceso de aprobación previo por parte de los responsables de la agencia para detener a otros indocumentados que no entren dentro de esas tres categorías, aunque los agentes se los encuentren durante sus operativos.
Las personas que representan una amenaza para la seguridad nacional son aquéllas de las que se sospecha que hayan participado en actos de terrorismo o espionaje, o cuya detención es necesaria para la seguridad del país.
Suponen una amenaza para la seguridad fronteriza aquellos inmigrantes detenidos cuando intentaban entrar ilegalmente al país a partir del 1 de noviembre de 2020. Aquéllos que lleven más tiempo aquí no lo son, según estas nuevas directrices.
Y son considerados una amenaza para la seguridad pública aquéllos que han sido condenados por un delito grave (aggravated felony, en inglés) o que hayan estado involucrados con bandas u organizaciones delictivas, y existan razones para creer que actualmente suponen una amenaza para el país.
“Al igual que todos los organismos encargados de la aplicación de la ley a nivel local, estatal y federal, debemos priorizar nuestros esfuerzos para lograr el mayor impacto en materia de seguridad y protección”, dijo Johnson, “mediante la aplicación de un sistema para obtener la aprobación previa antes de perseguir ciertos casos, y a través de la presentación de informes periódicos de las acciones de aplicación de la ley de inmigración civil, vamos a coordinar mejor nuestros esfuerzos”.
Estos lineamientos divulgados este jueves estarán vigentes hasta que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emita las directrices definitivas, lo que se espera para dentro de tres meses.
