Poco después de abrir una oficina para atender a inmigrantes que luchaban por quedarse en Estados Unidos, Raed González se convirtió en un abogado que persigue a otros abogados.

Una persona con posibilidades de ganar su caso puede acabar en un proceso de deportación por incumplir un plazo límite o presentar mal un documento ante la corte, y abogados que se sabe hacen un mal trabajo pueden ejercer durante años sin impedimento. De modo que González empezó a ayudar a inmigrantes a presentar quejas contra abogados ante las organizaciones estatales que les daban sus licencias. Según sus cálculos, su firma ha presentado 90 quejas contra abogados en los últimos cinco años.

Con una rápida sucesión de cambios legislativos y un aumento drástico en las detenciones, el gobierno de Trump ha creado un pico de demanda entre inmigrantes necesitados de asistencialegal, y cientos de abogados han empezado a aceptar casos de inmigración. Pero los sistemas para identificar y reportar el fraude y la mala praxis siguen siendo laberínticos y permiten que en ocasiones, los malos abogados acumulen docenas de quejas antes de ser sancionados.

Varios grupos legales alertan desde hace tiempo sobre los “notarios”, personas que se promocionan con esa palabra en español para presentarse como si tuvieran cargos oficiales, como son los notarios en muchos lugares de América Latina.

La gente que acude a abogados que los representen en tribunales de inmigración –que, a diferencia de las cortes penales, no garantizan el acceso a un abogado– suele tener un mejor resultado en las vistas de asilo y otros casos que los que no lo hacen, según un estudio publicado el año pasado por el American Immigration Council.

Pero los malos abogados son difíciles de encontrar y de sacar del sistema.

Muchos inmigrantes están asustados y poco familiarizados con los tribunales estadounidenses, lo que los convierte en un blanco fácil para el fraude, explicó Gonzalez, nativo de Puerto Rico y que se mudó a Houston hace dos décadas. Su oficina, junto a una de las principales autopistas de Houston al centro, se llena cada día de familias de habla hispana que buscan consejo sobre cómo legalizar su situación o evitar la deportación.

“En inmigración, es muy fácil porque es una población que tiene miedo”, explicó. “No conocen sus derechos”.

¡Tres años cobrando para ayudar a obtener permiso de residencia!

Con la ayuda de Leslie Giron Kirby, una abogada de inmigración de Houston, Yolanda Delgado presentó una queja ante las autoridades estatales de Texas contra su abogado anterior, después de que el letrado supuestamente pasara tres años –en los que recibió 7,000 dólares que ella había ganado como asistenta– sin presentar su solicitud de residencia permanente.

Delgado, nacida en Filipinas, se mudó a Estados Unidos en 1999 y tiene tres hijos. Quería obtener una “green card”, como se conoce popularmente la tarjeta de residencia permanente, para poder volver a visitar a su familia. De modo que contrató a un abogado, Ivan Lopez de Victoria, a recomendación de su jefe.

Tras años de promesas, decidió buscar otro abogado. Kirby terminó ayudándola a conseguir su permiso de residencia en octubre de 2014, tras unos seis meses.

Las autoridades de Texas investigaron a Lopez de Victoria, pero no tomaron medidas contra él. El abogado devolvió 3,000 dólares a Delgado.

“Retrasó mis papeles y no hizo nada al respecto”, dijo Delgado.

Lopez de Victoria negó cualquier mala práctica y dijo que el caso había requerido mucho tiempo porque tuvo que empezar “desde cero”.

¿Sanciones para los abogados?

La forma básica con la que se sanciona a los abogados es a través del colegio estatal que les dio la licencia para ejercer. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, la agencia del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales migratorios, publica una lista de abogados a los que se ha prohibido asumir casos de inmigración, lo que depende en su mayor parte de los colegios profesionales estatales.

Sin embargo, los colegios profesionales no son organizaciones gubernamentales y llevan sus investigaciones en privado, sin publicar las quejas que reciben hasta sancionar al abogado.

En Texas, presentar una queja ante el colegio de abogados requiere que la víctima rellene un formulario y explique por escrito en qué sentido cometió una mala praxis su abogado. La gente que ya ha sido defraudada por un abogado suele tener más recelos ante el sistema legal y los abogados. Y las investigaciones pueden llevar años y no siempre terminan con sanciones para los abogados.

“Definitivamente hay nombres que repite la gente que se ha visto perjudicada por otros abogados”, dijo Kirby. “Es casi como si todo el mundo supiera que existe, pero en realidad no hablamos de ello”.

En Texas, que tiene una población estimada de 1.5 millones de inmigrantes que viven sin permiso de residencia y uno de los tribunales de inmigración más atareados del país, el colegio de abogados ha retirado la licencia o sancionado a más de 30 abogados por mala conducta en casos de inmigración en los últimos tres años, y pagado más de 240,000 dólares a víctimas de mala praxis en casos relacionados con la inmigración desde junio de 2016. Las acusaciones contra esos letrados van desde sobrecostes a ignorar los plazos límites de los casos.

En una medida poco habitual, la fiscalía del condado de Harris presentó una queja contra un abogado, Uchechi “Prince” Nwakanma, después de que se presentaran docenas de quejas en su contra.

Según la demanda de la fiscalía, Nwakanma compró espacios promocionales de media hora en una emisora de radio en español y prometió resultados “en absoluto realistas o incluso inalcanzables dentro de la legalidad”. Se le retiró la licencia tras recibir más de 50 quejas de clientes que perdieron sus pagos o vieron sus casos en peligro. En varios casos, sus clientes alegaron que le pagaron 3.500 dólares o más y él no hizo nada.

El abogado de Nwakanma, Troy Wilson, dijo que “discrepamos enérgicamente” con las acusaciones de que el abogado defraudó a sus clientes.

La oficina de Gonzalez ayudó a varias personas a presentar quejas contra Nwakanma. Otro abogado contra el que han actuado, Jose Vega, acumuló 38 quejas ante el colegio de abogados de Texas antes de renunciar a su licencia.

Un abogado y un asistente legal de la oficina de Gonzalez ayudan a los inmigrantes a rellenar el papeleo necesario y a traducir sus historias del español a inglés. Su oficina no gana dinero con esas reclamaciones, señaló, y hacerlas a menudo le hace impopular entre sus colegas.

“Creo que es nuestro deber como abogados poder ayudar a la gente a hacer esto”, dijo. “Tenemos que detenerlos, y tenemos que hacer algo al respecto”.