Mientras acuden a esas cortes en carpa, los solicitantes de asilo están obligados a esperar en peligrosas ciudades de México.
Varias organizaciones en defensa de los inmigrantes pidieron al Congreso que abra una investigación en contra los tribunales migratorios que el gobierno instaló “temporalmente” en la frontera con México. Con los conocidos como “juicios secretos”, que se celebran bajo carpas, la administración pretende procesar las miles de solicitudes de asilo que se han acumulado en los últimos meses.
La petición la encabezan la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), Amnistía Internacional Estados Unidos, El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y la Comisión de mujeres refugiadas. En una carta dirigida a las principales comisiones del legislativo y sobre la que informó Univision, los mencionados grupos exigen “una supervisión significativa” de las cortes a las que acuden los solicitantes de asilo forzados a esperar en México.
Las organizaciones arriba citadas consideran que tanto el departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el de Justicia (DOJ) incurren en estos juicios en “graves violaciones de los derechos humanos y al debido proceso migratorio”. Los inmigrantes que acuden a estas cortes se comunican con el juez a través de videoconferencia y no en persona. Además, como denuncian las firmantes, los procesamiento allí empezaron “sin previo aviso a la comunidad legal”.
DHS levantó estas instalaciones en carpas, según la misiva destinada al Congreso, en las ciudades texanas de Laredo y Brownsville. Mientras esperan sus citas ante la corte, el programa Protocolos de Protección del Migrante (MPP) obliga a los solicitantes de asilo a “quedarse” en Nuevo Laredo y Matamoros (México).
La organización de derechos humanos HRW ha denunciado que, en estas localidades tamaulipecas, los inmigrantes quedan expuestos al “secuestro, extorsión y violencia”. El propio Departamento de Estado ha recomendado “no viajar” a estos lugares “debido a los altos niveles de delincuencia y secuestro”.
Las cuatro entidades señalaron que el gobierno impidió a abogados entrar a los juicios para observar las audiencias.”DHS ha sugerido que abogados observadores puedan asistir a procedimientos judiciales de forma remota. […] Pero el acceso remoto no es un sustituto adecuado del acceso en persona”, argumentaron.
