Defensores y activistas acusan castigos innecesarios de ‘La Migra’.
Luis Manual Rodríguez Delgadillo, de 29 años, en California casi toda su vida antes de ser detenido en Adelanto en marzo de 2019 por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); tomaba medicamento para un padecimiento mental, pero las autoridades migratorias cambiaron su medicina por otra que le provoca alucinaciones y otros síntomas que le han hecho perder dos citas en la corte.
Rodríguez Delgadillo forma parte de la demanda colectiva presentada por cuatro organizaciones de proyección nacional contra ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras dependencias que resulten responsables por la fallida atención médica a inmigrantes en detención, sobre todo aquellos segregados.
“Mi hijo tiene serias necesidades de salud mental. Estaba estable antes de ser detenido, pero ahora está experimentando alucinaciones y otros síntomas porque han cambiado su medicación, y como resultado ha faltado a dos citas en la corte”, contó Patricia Delgadillo madre del inmigrante, quien tiene dos hijos pequeños estadounidenses.
Por casos como éste las asociaciones Southern Poverty Law Center (SPLC), Civil Rights Education & Enforcement Center (CREEC), Disability Rights Advocates (DRA) y Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP presentaron el recurso ante el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Central de California.
“La demanda fue presentada en nombre de 15 personas detenidas en ocho instalaciones diferentes en seis estados, lo que representa una clase de aproximadamente 55,000 inmigrantes encarcelados por ICE en un día determinado, y dos organizaciones sin fines de lucro, Al Otro Lado y la Coalición Interior para la Justicia de los Inmigrantes (ICIJ)”, indicaron los demandantes.
Acusan fracaso del Gobierno federal para garantizar que los inmigrantes detenidos reciban atención médica y de salud mental adecuada, además de segregar a los extranjeros en violación de la Quinta Enmienda de la Constitución y su incapacidad para garantizar que los detenidos con discapacidades reciban alojamiento y no enfrenten discriminación como lo requiere la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973.
La demanda cuestiona el tratamiento que se da a las personas retenidas en 158 instalaciones en todo el país, lo que –acusan– resulta en la demora y la negación directa de la atención médica, el uso punitivo de la reclusión en régimen de aislamiento, la imposibilidad de proporcionar atención de salud mental y discriminación contra personas que requieren adaptaciones de discapacidad.
“El horrible maltrato de inmigrantes de esta administración no se limita a las personas en la frontera”, acusó Lisa Graybill, directora legal adjunta del SPLC. “El hecho de que se supone que la detención de inmigrantes es civil, y no punitiva, es una distinción sin diferencia cuando se trata de cómo se trata a los inmigrantes detenidos”.
Acusó que al menos 26 personas han muerto desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, además del gasto de miles de millones de dólares para detener a inmigrantes.
Un problema en aumento
Un informe presentado la semana pasada por Proyecto de Supervisión del Gobierno (POGO) reveló que ICE está segregando a más inmigrantes en encierro que nunca, aislados de otras personas hasta 23 horas al día.
La organización obtuvo registros bajo la Ley de Libertad de Información y cubre el último año de las administraciones de Barack Obama y lo que va del presidente Trump, hasta principios de mayo de 2018, que muestran un incremento del 15% por ciento.
“Alrededor del 40 por ciento de los registros muestran que los detenidos en aislamiento tienen una enfermedad mental. En algunos centros de detención, el porcentaje es mucho mayor”, alerta el reporte. “Muchos expertos consideran que el confinamiento solitario equivale a la tortura bajo ciertas condiciones, especialmente si es prolongada. El confinamiento solitario prolongado se ha definido como más de 15 días”.
Los demandantes acusan que durante el año fiscal 2018, ICE detuvo a aproximadamente 396,448 personas en espera de una audiencia ante un juez y aunque varios podrían tener libertad condicional o con una fianza, la agencia los mantiene en encierro a un costo promedio de $208 dólares por persona al día.
“Las condiciones atroces en la detención de inmigrantes son un secreto a voces”, dijo Tim Fox, codirector ejecutivo de CREEC. “Los informes de muertes de detenidos que el gobierno publica… proporcionan ejemplos de abuso y negligencia médica”.
