El Máximo Tribunal vota en contra de inmigrante hispano que buscaba evitar la expulsión.
Con una decisión de 5 a 3, la Corte Suprema determinó que los inmigrantes que han cometido ciertos delitos deberán demostrar que son elegibles para el perdón de deportación, lo que podría complicar el caso de miles de extranjeros con faltas bajo la llamada regla de “buen carácter moral”.
Los jueces conservadores respaldaron la opinión del juez Neil Gorsuch –nombrado por el expresidente Donald Trump–, quien revisó el caso de Clemente Pereida y determinó que no cumplió con el soporte requerido para demostrar que se le debería haber permitido presentar su caso ante un juez de inmigración.
“Las personas que buscan alivio de una orden de deportación legal soportan una pesada carga… El señor Pereida no pudo demostrar esa carga”, indicó el juez Gorsuch.
Uno de los argumentos de Pereida y sus abogados es que su deportación acarrearía severo estrés a sus familiares, incluyendo a su hijo estadounidense, algo que la opinión de la Corte Suprema no reconoce.
Además de ponerse sobre la mesa si un inmigrante condenado por un delito estatal puede solicitar el alivio de la deportación, como el asilo o la cancelación de la expulsión, cuando el registro de la corte estatal es ambiguo sobre si su condena corresponde a un delito enlistado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
El juez Gorshuch comienza su opinion estableciendo que “todas las partes” están de acuerdo en que Pereida es un inmigrante indocumentado, que “ingresó al país en forma ilegal”. Agrega que el inmigrante se negó “a reconocer su delito”, por lo que era imposible determinar si es elegible para un perdón.
“Aquí, el señor Pereida admite que tiene una condena reciente, pero se niega a identificar el crimen”, apunta la opinión. “Como resultado… nadie puede estar seguro si su crimen involucró ‘depravación moral’ y, gracias a esta ambigüedad, sigue siendo elegible para recibir ayuda”.
Sin embargo, el juez luego respalda la decisión del Octavo Circuito, sobre que los inmigrantes deben demostrar que son elegibles y no cometieron delitos que les impida obtener un beneficio migratorio.
“El INA (ley migratoria) requiere expresamente que las personas que buscan exención de las órdenes de deportación legales demuestren todos los aspectos de su elegibilidad”, apunta el juez. “Eso incluye demostrar que no están condenados por un delito penal descalificante”.
El juez Stephen Breyer se opuso a la opinión y fue respaldado por las juzas Sonia Sotomayor y Elena Kagan, mientras que la jueza Amy Coney Barrett, recién nombrada por el presidente Trump y que no estuvo al tanto del caso desde un inicio no participó en la decisión.
Cabe destacar que la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) señala algunas faltas que evitarían a cualquier inmigrante obtener un beneficio, incluida la Residencia Permanente o la naturalización, como evadir la corte tras pagar fianza por un delito; fraude bancario; conspiración para distribuir una sustancia controlada.
Además de no presentar o pagar impuestos; reclamo falso de ciudadanía estadounidense; falsificación de registros; falsificación para fraude; fraude de seguro; obstrucción de la justicia; agresión sexual; fraude de la Seguridad Social; acoso; registro ilegal para votar; votación ilegal; y violación de un embargo estadounidense (en cualquier país), entre otros.
Todavía no queda claro cómo esta decisión de la Corte Suprema impactará la reforma migratoria impulsada por el presidente Joe Biden y bajo análisis en el Congreso, aunado a que también podría complicar las nuevas reglas de deportaciones.
