Se quedan fuera de programa de ayudas Cares Act, quienes no hayan presentado sus taxes con un número válido de Seguro Social.
El histórico programa de ayudas para paliar los efectos económicos en la economía del coronavirus deja fuera a millones de inmigrantes indocumentados, familias con estatus mixtos además de beneficiados por el TPS y DACA que carecen de los recursos que esta ley pone a disposición del resto de los contribuyentes.
El paquete de ayudas Cares Act, valorado en $2 billones ($2,000,000,000,000), que debe ser aprobado el viernes por la Cámara de Representantes, contempla, entre otras medidas, un envío de dinero a casi todos los contribuyentes del país. Se quedan fuera quienes no hayan presentado sus taxes con un número válido de Seguro Social.
Los inmigrantes indocumentados (se calcula que hay unos 10 millones), que suponen el 5% de la fuerza laboral del país y que presentan sus taxes con el ITIN en vez del número del seguro social, se quedan sin dinero.
También se quedan sin cheque las familias que tienen situaciones inmigratorias mixtas (parte de la familia es ciudadano y parte no). En la legislación de ayuda no hay provisiones que aseguren las pruebas gratuitas del COVID-19 ni el pago de licencia de enfermedad para todos los residentes durante la crisis.
Anu Joshi, de la New York Inmigration Coalition, explicaba el jueves en una conferencia de prensa que estos inmigrantes son contribuyentes que en 2018 aportaron $32,000 millones en impuestos a las arcas públicas.
Steve Choi, director ejecutivo de la NY Immigration Coalition, expresaba su malestar porque esta situación dejaba desprotegidas a muchas personas que son básicas como primera línea de trabajo en estos momentos: “Se ven forzados a trabajar y muchas veces no tienen opción de no hacerlo y ahora se les deja atrás, a la gente que trabaja en la construcción, llevando mercancías, repartiendo comida”.
“Es un teatro dejar excluidos a quienes están luchando”, se quejaba Choi.
La congresista por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez lamentaba en su cuenta de Twitter que estos inmigrantes no reciban nada cuando hay corporaciones que no pagan nada en sus declaraciones de impuestos.
Amaha Kassa, director ejecutivo de African Communities Together, dijo estar contento porque los trabajadores gig o por tareas así como los freelancers y contratistas pudieran tener acceso a la colecta del desempleo aprobado –$600 más semanales y una extensión de plazo de beneficios de 26 a 39 semanas–. No obstante, expresó su frustración sin matices con el tratamiento de los indocumentados que no pueden optar a estas ayudas.
“Para coger el dinero no nos pidieron el seguro social, pero ahora sí lo piden para desembolsar el dinero”, se quejó.
“Es muy decepcionante porque este pago de $1,200 es innecesariamente limitado”, explicaba este activista haciendo notar que las limitaciones al uso del Medicaid y la regla de la carga pública hacen más daño a la población más vulnerable. Kassa describió las ayudas a los trabajadores como una “misión humanitaria”. De ella están excluidos millones.
Entre ellos la familia de Leslie Rodríguez, una recién graduada universitaria y ciudadana estadounidense cuyos padres son indocumentados y tiene una hermana que es DACA.
Esta mujer dice que la situación en su casa ha cambiado radicalmente ya que su padre está trabajando menos horas y su madre, que se dedica a la limpieza de hogares, ahora no tiene empleo.
“La gente que está trabajando aún, pero menos, tiene que pagar sus billes y están poniendo sus familias en riesgo”, criticaba.
En la comunidad asiática la situación es muy complicada porque además y como recordaba Wayne Ho, director ejecutivo del Chinese American Planning Council, debido al origen de la que ahora se considera una pandemia, los negocios y familias de esta comunidad llevan sufriendo los efectos del aislamiento y el distanciamiento social durante muchas más semanas.
“Ha habido muchos despidos y muchas pérdidas de ingresos en nuestra comunidad”, se quejaba Ho.
Steve Choi, explicaba que ya han entrado en contacto con los legisladores en la Cámara de Representantes para hacerles llegar los problemas para los contribuyentes indocumentados pero un cambio obligaría a que esta ley volviera al Senado a una nueva aprobación. En este contexto, cree que es labor de los estados y las ciudades cubrir esta falta.
