Los abusos en el Instituto Antonio Provolo para Sordos representan uno de los peores escándalos de pedofilia en la iglesia católica.
En uno de los casos más escabrosos que involucra a la Iglesia católica, dos sacerdotes que dirigían un internado para sordos en Argentina fueron condenados este lunes por abusar sexualmente de 25 niños y adolescentes que estaban a su cuidado.
El sacerdote italiano Nicola Corradi, de 83 años, el principal responsable del Instituto Antonio Provolo para Sordos en la provincia centro-occidental de Mendoza, fue sentenciado a 42 años de prisión.
Su segundo, el cura Horacio Corbacho, de 59 años, recibió una pena de 45 años de prisión.
En tanto, el jardinero del instituto, Armando Gómez, que fue juzgado junto con los religiosos, también fue condenado a 18 años de cárcel por abusar de dos menores.
Dos monjas que están detenidas, acusadas de haber sido partícipes necesarias en los abusos (una de ellas enfrenta cargos por presuntamente haber cometido abusos ella misma), serán juzgadas en un proceso separado.
Lo que hace especialmente desgarrador a lo ocurrido en el Instituto Provolo de Mendoza no es solamente que las víctimas eran chicos, incluyendo a pequeños de hasta 4 años.
También eran niños que, por su discapacidad, no podían comunicar lo que les estaba sucediendo. Y debido a que muchos venían de familias humildes, no tenían otra opción más que dormir en el instituto.
Pero hay un dato más que ahonda el horror y que le ha dado trascendencia internacional a este juicio.
El principal acusado, Nicola Corradi, ya había sido culpado de cometer abusos en la sede central del Instituto Provolo, en Verona, Italia, mucho tiempo antes de llegar a Argentina.
Esas denuncias, que tienen más de una década, llegaron incluso hasta las manos del propio papa Francisco. Sin embargo, el Vaticano no hizo nada, denuncian las víctimas.
Fueron las autoridades argentinas las que ordenaron el cierre del Instituto en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo en 2016 y detuvieron a Corradi, a Corbacho, y a otros 12 sospechosos (entre ellos las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez).
La justicia argentina también investiga una serie de abusos cometidos en otro Instituto Provolo, el de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que Corradi dirigió entre 1970 y 1997.
“Encubrimiento”
Tanto las víctimas italianas del Instituto Provolo como las de las dos sedes argentinas sostienen que la Iglesia católica sabía que Corradi era un pedófilo y no obstante lo pusieron a cargo de niñas y niños sordos en Argentina.
En 2017 el obispo de Verona, Guiseppe Zenti, se desligó de responsabilidades, afirmando que la curia no tenía poder sobre el Instituto Provolo porque es manejado por una congregación “autónoma”.
Esa congregación es la Compañía de María para la Educación de los Sordomudos o Sociedad de María, fundada en 1840 por el sacerdote italiano Antonio Provolo, que, según Zenti, depende directamente del Vaticano.
Hasta ahora la Santa Sede no ha hablado públicamente sobre el caso. BBC Mundo contactó a la oficina de prensa del Vaticano pero de momento no obtuvo respuesta.
Las primeras denuncias sobre lo que ocurría en el Instituto Provolo de Verona se dieron a conocer en 2009, gracias a una investigación de la revista italiana L’Espresso de Milán.
Un grupo de 67 exalumnos revelaron los abusos a los que habían sido sometidos entre las décadas de 1950 y 1980 y acusaron al Vaticano de “encubrir” a los abusadores.
Si bien se denunciaron decenas de delitos, por el tiempo transcurrido la justicia no pudo intervenir. Sin embargo, las víctimas, agrupadas en una asociación, presentaron sus denuncias ante la Iglesia para que actuara.
Entre la veintena de sacerdotes acusados de haber cometido abusos estaban Corradi y otros dos curas que también se habían mudado a Argentina en los años 70: Eliseo Primati y Luigi Spinelli.
El primero, de 83 años, codirigió el Instituto de La Plata junto con Corradi, y también es requerido por la Justicia argentina por abusos presuntamente cometidos durante sus casi cuatro décadas allí.
Sin embargo, el prelado retornó a Italia a finales de 2017 (un año después de que estallara el escándalo en Mendoza) y está viviendo nuevamente en la sede central del Provolo en Verona, por lo que la Justicia argentina ha pedido su extradición.
