Está en duda el estatus migratorio de Cristhian Rivera, pero USCIS afirma que no tiene registros de él.
El caso de Cristhian Rivera, el mexicano de 24 años de edad acusado de asesinar a Mollie Tibbetts en Iowa, intensificó las críticas contra inmigrantes.
El presidente Donald Trump retomó el arresto del hombre el martes para pedir endurecer las leyes de inmigración de la nación. Fue “una desgracia” que solo se arreglará al elegir a más republicanos, consideró.
La gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, quien enfrenta un duro desafío de reelección en noviembre, arremetió contra un sistema de inmigración que “permitió que un depredador como éste viviera en nuestra comunidad”.
Además, los senadores Chuck Grassley y Joni Ernst prometieron que “no pueden permitir que estas tragedias continúen” y aseguraron que esto “podría haberse evitado”.
El abogado Bahena Rivera, Allan M. Richards, desafió las declaraciones de que el sospechoso había estado viviendo ilegalmente en los Estados Unidos.
Esta historia creció a nivel nacional, debido a una intensa búsqueda para encontrar a Tibbetss, quien salió a correr y desapareció.
En un documento judicial, el abogado defensor declaró que un empleador había dicho que Rivera tenía permiso legal para estar en los EEUU.
Se trata de un documento proporcionado por Craig Lang, exjefe de la Junta de Regentes de Iowa, que supervisa las tres universidades públicas del estado y es copropietario de una lechería que empleó a Rivera.
El estado migratorio de Rivera fue confirmado por un cheque electrónico de estado de inmigración de E-Verify, dijo la familia Lang en un comunicado.
Al respecto, Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó que el mexicano no aparece en sus registros.
“Una búsqueda de registros realizada por USCIS reveló que Rivera no hizo ninguna solicitud de DACA”, apuntó el portavoz Michael Bars. “No hemos encontrado registro en nuestros sistemas que indique que tenga algún estado migratorio”.
Richards buscó una orden de silencio y dijo que los comentarios sobre el caso “envenenarían a todo el grupo posible de miembros del jurado”.
A Rivera se le impuso una fianza de $5 millones de dólares y presuntamente confesó el homicidio.
