Donald Trump debe comparecer el jueves ante un tribunal federal para responder a las acusaciones de que trató de anular los resultados de las elecciones de 2020, enfrentándose a un juez a pocas cuadras del Capitolio de Estados Unidos que sus partidarios irrumpieron para bloquear la transferencia pacífica del poder presidencial.
WASHINGTON (AP) – En lo que ya se ha convertido en un ritual familiar pero no por ello menos sorprendente, se espera que Trump sea procesado por las fuerzas del orden, sea puesto oficialmente bajo custodia y se declare inocente ante un juez antes de ser puesto en libertad, para que pueda reincorporarse a la campaña electoral en su intento de recuperar la Casa Blanca en 2024.
Una acusación formulada el martes por el abogado especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, imputa a Trump cuatro delitos graves relacionados con sus esfuerzos por deshacer las elecciones presidenciales en el periodo previo a los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, entre ellos conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial. Los cargos podrían dar lugar a una condena de años de prisión en caso de condena.
Trump fue la única persona acusada en el caso, aunque los fiscales mencionaron a seis cómplices -en su mayoría abogados- con los que dicen que conspiró, incluso en un plan para reclutar a falsos electores en siete estados disputados ganados por el presidente Joe Biden para que presentaran certificados falsos al gobierno federal.
La acusación relata cómo Trump y sus aliados, en lo que Smith describió como un ataque a una «función fundamental del gobierno de Estados Unidos», mintieron repetidamente sobre los resultados en los dos meses transcurridos desde que perdió las elecciones y presionaron a su vicepresidente, Mike Pence, y a los funcionarios electorales estatales para que tomaran medidas que le ayudaran a aferrarse al poder.
Esta es la tercera causa penal abierta contra Trump en los últimos seis meses. Fue acusado en Nueva York de falsificar registros comerciales en relación con un supuesto pago de dinero por silencio a un actor porno durante la campaña presidencial de 2016. La oficina de Smith también le ha imputado 40 delitos graves en Florida, acusándole de retener ilegalmente documentos clasificados en su finca de Palm Beach, Mar-a-Lago, y de negarse a las exigencias del Gobierno de devolverlos. Se ha declarado inocente en ambos casos, que se juzgarán el año que viene.
Y se espera que los fiscales del condado de Fulton, Georgia, anuncien en las próximas semanas las decisiones de acusación en una investigación sobre los esfuerzos para subvertir los resultados electorales en ese estado.
El abogado de Trump, John Lauro, ha afirmado en entrevistas televisivas que las acciones de Trump estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda y que se basó en el asesoramiento de abogados. El propio Trump ha afirmado sin pruebas que el equipo de Smith intenta interferir en las elecciones presidenciales de 2024, en las que Trump es el principal favorito para hacerse con la nominación republicana.
Smith dijo en una rara declaración pública que buscaba un juicio rápido, aunque Lauro ha dicho que pretende ralentizar el caso para que el equipo de la defensa pueda llevar a cabo su propia investigación.
La comparecencia se celebrará ante la juez Moxila Upadyaha, que se incorporó al tribunal el año pasado. Pero en adelante, el caso estará presidido por la juez de distrito Tanya Chutkan, designada por el Presidente Barack Obama y que se ha destacado por ser una de las más duras castigando a los alborotadores.
También ha fallado contra Trump en otras ocasiones, negándose en noviembre de 2021 a bloquear la entrega de documentos al comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes de EE.UU. alegando el privilegio ejecutivo.
