El Día de la Ciudadanía significa este año una carrera contrarreloj para un gran número de inmigrantes que deben presentar sus solicitudes de naturalización antes del próximo 2 de octubre, cuando se dispararán las tarifas de numerosos trámites migratorios en un duro golpe a los bolsillos de los residentes que quieren hacer el Juramento de Lealtad a Estados Unidos.
El pasado 31 de julio el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) anunció que aplicará a partir del 2 de octubre un incremento promedio de 20% en sus tarifas, pero que en algunos casos llega a 535%, para financiar el 97% de sus operaciones.
Los $500 que marcan la diferencia
Uno de los más afectados con el nuevo incremento es el proceso de naturalización, que pasará de $640 a $1,170 dólares, cifra a la que se le debe sumar el pago del proceso de los datos biométricos.
“Son más de 500 dólares que en estos momentos no son fáciles de conseguir, y menos para personas como yo que ya no trabajamos”, dijo a Efe Rosalía Soto, de 68 años.
Soto, oriunda de México, es residente permanente de Estados Unidos desde hace más de una década y actualmente enfrenta problemas de salud que le impiden trabajar.
La mexicana había estado retrasando su proceso de naturalización por la falta de recursos, además de que no domina bien el inglés y le teme al examen que debe aprobar.
“Le tengo miedo a las preguntas pero más a este Gobierno de (el presidente Donald) Trump porque creo que nos quiere sacar a todos, sin papeles o con papeles”, asegura la inmigrante.
Soto no sería la única que se encuentra en esta carrera contrarreloj. Salvador Sanabria, director de El Rescate, en Los Ángeles, dijo a Efe que su organización ha visto en las últimas semanas un aumento de residentes permanentes que responden al llamado de su campaña de naturalización, la mayoría empujados por el aumento de las tarifas y las políticas antiinmigrantes de la actual Administración.
Una triste celebración
El activista destaca que este 17 de septiembre, fecha en que se celebra el Día de la Constitución y la Ciudadanía en Estados Unidos, no es para festejar.
“Aunque el Gobierno ha tratado de justificar los aumentos para sostener a USCIS, se ve que la intención es afectar al mayor número posible de solicitantes, y sabe por dónde pegarles: por el bolsillo”, opina.
En este sentido, el abogado de inmigración Fernando Romo, asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), destaca que además de los aumentos en algunos procesos este 2 de octubre entra en vigencia una nueva regla que hará más difícil para los inmigrantes pedir la excepción de pago.
“El Gobierno se pondrá más estricto. Desde octubre no solo el inmigrante debe estar recibiendo algún beneficio público sino que debe demostrar su incapacidad de pago entregando evidencia de sus ingresos y sus gastos”, explica el jurista.
En espera de la corte
El panorama se muestra tan poco halagüeño que la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), junto el bufete de abogados Sidley Austin, LLP, demandó al Gobierno Trump en agosto pasado para detener el alza en las tarifas. La querella busca una orden judicial de emergencia a nivel nacional para evitar que entre en vigencia la regla el próximo 2 de octubre.
“Los aumentos de tarifas, Incluido un aumento de 83% para las solicitudes de naturalización, colocan una barrera ilegal en el camino de las personas elegibles para los beneficios de inmigración. Estas pruebas de riqueza pertenecen al basurero de la historia”, puntualizó Jesse Bless, directora de Litigios de AILA, en un comunicado.
A la lista de obstáculos para los aspirantes a ciudadanos se suma el temor de la regla de “carga pública”.
“Aunque la regla de pedir beneficios públicos no afecta a los residentes permanentes para hacerse ciudadanos, todas estas noticias tienen confundidas a las personas, y no saben cómo proceder”, indicó el abogado Romo.
Ese es el caso de la colombiana Hortensia Barrera. A sus 79 años y con casi 10 años como residente permanente, la inmigrante explicó a Efe que su decisión de naturalizarse obedece a que quiere asegurar su estancia en el país.
“No quisiera ver que las reglas cambien y tener que regresarme a Colombia. Aquí están mis hijas y mi familia”, aclara la inmigrante que inició el trámite esta semana.
Sin un pronunciamiento del juez que contempla la demanda de AILA, y a dos semanas de que comiencen a aplicarse los aumentos, Romo aconseja que antes de entrar en la carrera para realizar trámites antes del 2 de octubre los inmigrantes deben asegurarse que la solicitud esté completa, bien diligenciada, y que se cumplen todos los requisitos.
“Si no encuentran toda la información, o hay un problema de elegibilidad, pueden rechazar la solicitud y perder el dinero, y en muchos casos ponerse en el camino de la deportación”, alerta el abogado.
