Los líderes de Rhode Island se enfrentarán el próximo año a un problema que ya no les resulta familiar: ¿qué hacer con todo este dinero?
PROVIDENCE, R.I. (WPRI) – En un informe emitido a última hora del martes, el funcionario del presupuesto estatal Joe Codega dijo que el estado está en camino de terminar el actual año fiscal 2022-23 con un superávit de $ 610 millones cuando los libros se cierren el próximo mes de junio.
Esa cifra habría sido una sorpresa hace unos años, pero el superávit proyectado estaba en el mismo nivel en noviembre pasado. El estado se ha mantenido en números negros gracias al aumento de los ingresos fiscales y a la generosa ayuda federal vinculada a la pandemia.
La proyección se basa en el gasto real de julio a septiembre, además de las nuevas previsiones actualizadas de ingresos y servicios sociales.
El informe de Codega indica que el Estado terminó el último año fiscal, que finalizó el 30 de junio, con un superávit de 480 millones de dólares. Esto se debió en parte a los 244 millones de dólares en reembolsos relacionados con la pandemia que se esperan de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA).
El superávit de 480 millones de dólares del año pasado es ahora la base del nuevo superávit previsto para el año presupuestario actual, de 610 millones de dólares, ya que el dinero extra se traslada de un año a otro. Los ingresos fiscales también son considerablemente superiores a los previstos en mayo, y el gasto total del Estado está por debajo de las previsiones.
Rhode Island no está solo. Massachusetts ha comenzado a enviar casi 3.000 millones de dólares en cheques de reembolso de impuestos a los residentes después de que el aumento de los ingresos desencadenara el Capítulo 62F, una oscura ley de 1986 que requiere que una parte del dinero extra se devuelva a los ciudadanos.
El informe trimestral de Codega sobre el presupuesto también incluye una serie de partidas específicas.
El Departamento Correccional de R.I. se destacó como la única agencia que está gastando significativamente más de lo presupuestado, con un total de gastos de unos 15 millones de dólares más de lo que los legisladores habían previsto en junio.
El presupuesto aprobado preveía que el departamento ahorraría dinero cerrando 13 módulos de alojamiento en la prisión estatal, pero los funcionarios han determinado ahora que no pueden hacerlo debido a las preocupaciones del COVID-19. El informe señala que otros factores que han contribuido al exceso de gasto son «los gastos de horas extraordinarias no presupuestados, la contratación de servicios de enfermería y hospitalarios, los productos farmacéuticos, el mantenimiento de los edificios y los gastos de alimentación».
Sin embargo, otros organismos han mantenido el gasto por debajo de sus autorizaciones presupuestarias: el Departamento de Infancia, Juventud y Familias lo ha reducido en 5,5 millones de dólares, el poder judicial en 4,5 millones y el Departamento de Seguridad Pública en 3,5 millones.
Una de las razones es que la plantilla del Estado sigue siendo inusualmente escasa, según Codega. Dijo que el personal total alcanzó un «mínimo histórico reciente» durante el último año presupuestario, y el número de puestos de trabajo cubiertos «aún no se ha recuperado al nivel anterior a la pandemia». El recuento de empleados se sitúa actualmente en una media de 13.661 para el año fiscal, con un descenso de más de 500 desde la pandemia.
El gobierno de Biden también ha prorrogado la mejora temporal del programa de seguro médico Medicaid debido a la pandemia, manteniéndola hasta al menos marzo. En la actualidad, el gobierno federal asume más del 60% de los costes de Medicaid en Rhode Island, en comparación con el 54% o el 55% habitual.
No está claro cuánto tiempo más continuarán los grandes superávits. Se prevé que los ingresos fiscales del Estado aumenten sólo ligeramente, en menos de 24 millones de dólares, en el año fiscal 2023-24, que comienza el 1 de julio, lo que elevaría los ingresos totales para el próximo año a unos 5.300 millones de dólares.
El gobernador Dan McKee debe presentar su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2023-24 en enero. Los legisladores celebrarán entonces audiencias sobre la propuesta durante el invierno y la primavera, y el plan presupuestario final suele aprobarse durante el mes de junio.
