Datos del informe de vivienda señalan que dos tercios de los arrendatarios están peleando sus casos sin apoyo legal, lo que los deja en mayor riesgo de terminar en la calle, como ya pasó con 2,500 familias este año
Luego del impacto que la pandemia del COVID-19 tuvo en las finanzas de familias de bajos recursos, gran parte de ellos latinos e inmigrantes, los procesos de desalojo aumentaron en la Gran Manzana, y actualmente 17,000 inquilinos que están peleando sus casos en las cortes, no cuentan con el apoyo de abogados, lo que los pone en mayor riesgo de terminar en la calle.
El panorama es más delicado en los condados de El Bronx y Brooklyn, que cuentan con de 12,000 inquilinos echados a su suerte en materia de asesoría legal, mayormente negros e hispanos.
Así lo evidenció un nuevo reporte de la organización ANHD (Association for Neighborhood & Housing Development) y la Coalición de datos de vivienda, que monitorean la crisis de desalojo en los cinco condados.
Dentro de sus hallazgos revelaron que además de negársele el derecho a un abogado a dos tercios de los neoyorquinos que están con procesos de vivienda en los tribunales, desde que cesaron las protecciones de desalojo por el COVID, en enero pasado, 2,500 familias de la ciudad de Nueva York han sido desalojadas.
En su informe, los defensores de los inquilinos aseguran que los datos evidencian la falta de protecciones de desalojo, justo cuando los tribunales están manejando los procesos de manera acelerada con la falta de suficientes abogados para representarlos, negándoles a los arrendatarios un derecho municipal.
El informe aseguró que cuando el plan de asesoría legal gratuita a inquilinos (RTC) estaba en plena vigencia, “los desalojos se desplomaron, los propietarios demandaron menos a los inquilinos y el 84 % de los inquilinos que tenían derecho a un abogado” pudieron continuar en sus casas.
Randy Dillard, líder de la organización CASA y miembro del Comité directivo de la Coalición del Derecho a los Abogados de la Ciudad de Nueva York, destacó el poder que tiene proteger el derecho a un abogado para mantener a los inquilinos en sus hogares.
Lucy Block, de la Asociación para el Desarrollo de Vecindarios y Viviendas (ANHD), se sumó al llamado a que se garantice el derecho a que los inquilinos en procesos en las cortes cuenten con la representación de defensores públicos.
Marika Dias, directora deneral del Proyecto de Red de Seguridad del Centro de Justicia Urbana, aseguró que en los tribunales de vivienda de la ciudad, los inquilinos más afectados son los de color.
