El Salvador culminó el domingo el proceso de repatriación de siete de sus ciudadanos que murieron en el incendio en un centro de detención migratorio de Ciudad Juárez, en el norte de México, el 27 de marzo, y reiteró su exigencia de que se haga una investigación exhaustiva de esa tragedia.
El gobierno de México se hizo responsable de los gastos de repatriación terrestre.
“Nuestro país busca un esclarecimiento de los hechos, por lo cual hemos sostenido reuniones clave para dar a conocer nuestra posición” al Estado de México, dijo en conferencia de prensa la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal.
La funcionaria señaló que los cuerpos de los salvadoreños habían sido entregados a sus familiares en los departamentos de Sonsonate, Chalatenango, La Libertad y San Salvador.
Explicó que el gobierno de México se hizo responsable de los gastos de repatriación terrestre, así como también de los gastos de transporte y estadía de los familiares que viajaron a ese país para identificar los cuerpos.
Por respeto a los familiares, agregó, no se dieron los nombres de las víctimas, aunque señaló que se trata de siete hombres con un rango de edad entre los 35 y 40 años. Las autoridades mexicanas publicaron los nombres de 12 de los más de tres docenas de muertos en el siniestro.
La viceministra dijo que en un principio se habló de 12 salvadoreños muertos, pero después de investigaciones se confirmó que sólo se trataba de siete. Otros cinco fueron afectados, dos de ellos se encuentran en estado grave, y el resto recibieron el alta y continuaron su camino hacia Estados Unidos.
“Estamos exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel”, subrayó Portal. “Estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en México”.
La funcionaria señaló que “este no es el primer caso donde El Salvador está exigiendo respuesta”
“Hay muchos casos que han quedado en la impunidad y en los que nosotros estamos solicitando resarcimiento de los daños”.
Recordó el caso de 14 salvadoreños que fueron asesinados en el estado de Tamaulipas en 2010 y el crimen de la salvadoreña Victoria Salazar hace poco más de dos años en la ciudad de Tulum, Quintana Roo, en el que, según señaló, habrían participado varios policías.
