Rossy Guzmán, de la iglesia Templo Shalom, y el mayor general Adán Cáceres, son dos de las seis acusados en el caso de «Operación Coral» que sacude a las instituciones militares, gubernamentales y religiosas en República Dominicana.
La pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez imputada como participante en un esquema de corrupción en República Dominicana que además involucra a altos líderes militares como el exjefe de escolta del expresidente Danilo Medina, pidió este viernes a la jueza que evalúa las medidas de coerción contra los acusados que otorgue más tiempo a sus abogados para responder a las alegaciones.
Guzmán Sánchez, la primera en hablar ante la jueza Kenya Romero, planteó que necesita más tiempo para que sus representantes legales y el tribunal le garanticen sus derechos como secuela de la “Operación Coral”.
“Me siento completamente vulnerable en cuanto a mi defensa. No he podido presentarle a mi abogado toda la documentación que necesita”, manifestó Guzmán según citada por el Listín Diario.
La intervención de Guzmán surgió luego de que la jueza decidiera continuar con el conocimiento de la medida de coerción contra los seis imputados en el caso por el alegado entramado religioso-militar encabezado supuestamente por el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre, y Guzmán Sánchez.
El hijo de la pastora, Tanner Flete Guzmán, también está acusado en el caso.
La representación legal de ambos argumentó que necesitan más tiempo para preparar medios de arraigo, organizar la documentación y poder responder a las alegaciones contra sus clientes.
Alegaciones de lavado de dinero
El expediente criminal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) citado por el referido medio dominicano, indica que se emitían cheques desde la cuenta bancaria del coronel de la Policía, Rafael Núñez De Aza a nombre de la pastora y del cabo Eric Daniel Pereyra Núñez con la finalidad de lavar dinero.
De acuerdo con la fiscalía, Cáceres Silvestre malversó unos RD$3,000 millones de pesos y sus bienes eran administrados por la pastora. El resto de los acusados alegadamente les servían de testaferros en violación a la Ley de Lavado de Activos.
Entre los supuestos bienes e inmuebles identificados como propiedad de Cáceres Silvestre y administrados por Guzmán a través de las empresas Único Real State e Inversiones SR., destaca un proyecto inmobiliario de cuatro casas de lujo con zonas de recreación en Colinas del Oeste, cuyo costo asciende a RD$160 millones de pesos, detalló un informe de El Caribe.
El abogado de la acusada, Héctor López Rodríguez, rechazó las alegaciones de lavado de activos contra su clienta bajo el argumento de que el dinero manejado por la pastora está en el banco y supuestamente existen facturas que lo demuestran.
“Para lavar dinero es necesario que el dinero esté sucio, pero si el dinero está bancarizado y si existen todas las pruebas, todas las facturas, todos los documentos de lo que ella ha hecho en su vida comercial, no puede haber lavado de activos”, expresó el abogado según citado por Diario Libre.
“Es lo que se va a demostrar, no con afirmaciones, no con aseveraciones, no haciendo un relato, sino con estas dos cajas de documentos que tenemos aquí, es que nosotros vamos a probar que la pastora Rossy Guzmán no ha lavado dinero”, agregó López Rodríguez.
Otro reporte de Diario Libre precisa que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el propio Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y la Policía Nacional, se encuentran entre las instituciones salpicadas por el caso de corrupción de acuerdo con la prueba que maneja el Ministerio Público.
Seis acusados hasta el momento
Hasta el momento, como resultado de “Operación Coral, tres personas más han sido acusadas aparte de la pastora, su hijo y Cáceres Silvestre. El teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; Raúl Alejandro Girón Jiménez; y Alejandro José Montero Cruz también habrían cometido delitos como parte del esquema.
Las autoridades no han descartado que hayan más implicados en la comisión de delitos como parte de la trama.
Sospechas sobre otros funcionarios policiales y militares
Por ejemplo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) alertó que el expresidente de la DNCD, vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, formaba parte una coalición de funcionarios que encabezaba el mayor general Cáceres Silvestre.
Durante la gestión de Alburquerque Comprés, la Asociación Campesina Madre Tierra (empresa vinculada a la pastora Rossy), recibió un depósito de RD$525,000 (poco más de US$9,000) de la DNCD. Sin embargo, en los sistemas de la institución no existen registros de pago alguno para la entidad.
Otros datos que investigan las autoridades son el alquiler de un apartamento del general de Brigada, Piloto FARD, Juan Carlos Torres Robiou, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, (Cestur) y jefe de Girón.
Según las autoridades, el pago de US$3,000 mensuales por la renta del inmueble es “sospechosa” ya que no hace sentido cobrar tanto por un alquiler para usar el espacio esporádicamente.
Los presuntos manejos de dinero irregulares entre la pastora, encargada de la iglesia Templo Shalom, y funcionarios de Gobierno fueron inicialmente revelados por la periodista Nuria Piera.
