Legisladores de RI estudiarán reforma de las armas y proyectos de seguridad escolar

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El debate sobre las nuevas medidas de control de armas en Rhode Island continúa el martes

PROVIDENCE, R.I. (WPRI) – El Comité Judicial del Senado se reunirá a las 3:30 pm para votar sobre tres proyectos de ley de reforma de armas que han estado haciendo su camino a través de la Cámara Estatal.

El renovado impulso al control de armas es una respuesta directa al tiroteo escolar más mortífero del país desde 2012.

Como 12 News informó anteriormente, los proyectos de ley incluyen la prohibición de los cargadores de alta capacidad que contienen más de 10 rondas de munición, lo que hace ilegal llevar abiertamente un rifle o una escopeta cargada en público, y el aumento de la edad para comprar un arma o munición de 18 a 21.

Los tres proyectos de ley fueron aprobados por la Cámara la semana pasada tras horas de acalorado debate.

«Lo que estamos haciendo es aprobar leyes contra las personas que cumplen la ley», dijo el representante David Bennett.

«Si salva vidas, ¿por qué han permitido que se quede en el comité desde que llegaron a la cámara?». Dijo el representante David Place.

«Desafortunadamente, para alguien como yo, se necesitaron dos terribles tragedias, una tras otra, para recordarme por qué necesitamos que se aprueben estos proyectos de ley», dijo la representante Karen Alzate.

El gobernador Dan McKee ha expresado repetidamente su apoyo a la legislación. Tras las votaciones de la semana pasada, agradeció a la Cámara la aprobación de estas «medidas de seguridad de las armas con sentido común».

«Estamos un paso más cerca de que estos proyectos de ley lleguen a mi escritorio y los convierta en ley», dijo.

También el martes, los legisladores del Comité de Finanzas de la Cámara considerarán un proyecto de ley que aborda la seguridad escolar.

La propuesta requeriría que los distritos escolares y los municipios tuvieran dos oficiales de recursos escolares en cada escuela pública a partir del 1 de julio de 2022. Se añadiría una ayuda estatal directa para los costes asociados a la contratación de los agentes.