La Casa Blanca lamentó este martes que la Corte Suprema ordenara mantener en vigor el Título 42, normativa establecida por el expresidente Donald Trump que permite explulsar migrantes en la frontera con pretexto de la pandemia de Covid-19.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló en un comunicado que la Administración federal acatará la orden, pero pidió al Congreso aprobar una reforma migratoria para resolver la crisis fronteriza.
“El Título 42 es una normativa de sanidad pública, no una política migratoria, por lo que no debe mantenerse de forma indefinida“, añadió la portavoz de la Casa Blanca.
La Corte Suprema, de mayoría conservadora, respaldó a un grupo de 19 fiscales estatales que pidieron mantener el Título 42, cuya expiración estaba programada para el 21 de diciembre.
Por el momento, la normativa estará en vigor mientras el alto tribunal estudia el caso en los primeros meses de 2023.
La portavoz apuntó que si bien el gobierno cumplirá con la orden del tribunal, no estará preparado para un eventual levantamiento de la normativa el próximo año.
“Estamos avanzando en nuestros preparativos para administrar la frontera de manera segura, ordenada y humanitaria cuando el Título 42 se elimine finalmente“, agregó.
Jean-Pierre enfatizó que con, o sin el Título 42, la solución para la crisis fronteriza está en manos del Congreso, donde está estancada la reforma migratoria propuesta por Biden que pide más fondos para reforzar la frontera.
“Para arreglar realmente nuestro sistema migratorio roto, necesitamos que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral con medidas como las que propuso el presidente Biden en su primer día de mandato”, precisó la secretaria de prensa, subrayando que esta orden le da a los republicanos, que asumirán el control de la Cámara “mucho tiempo” para “unirse” a los demócratas y resolver el conflicto migratorio.
Ante la orden expirada de levantar Título 42 el 21 de diciembre, el gobierno estadounidense había advertido a los migrandes que el fin de la medida no supondría una política de puertas abiertas y seguiría expulsando a las personas con estatus irregular en el país.
Con información de agencia EFE
