Una buena noticia para más de 600 demarcaciones en EEUU y sus inmigrantes.
Un juez federal negó una apelación del Departamento de Justicia y mantuvo su dictamen que bloquea, en todo el país, las nuevas reglas del Gobierno de Trump para asignar fondos federales a las ciudades santuario.
El juez de distrito, Harry Leinenweber, negó la apelación presentada el pasado 26 de septiembre por el Gobierno, para que el bloqueo se aplicara solamente en Chicago, la ciudad que presentó una demanda federal al considerar que el fiscal federal Jeff Sessions excedió su autoridad al imponer nuevos estándares para la concesión de fondos.
Según la resolución del juez, la aplicación de la ley sería “socavada” si se le permitiera a Sessions continuar su conducta inconstitucional en el resto del país.
El magistrado había dictaminado, al fallar en primera instancia, que Chicago podría sufrir un “daño irreparable” en sus relaciones con la comunidad inmigrante si cumpliera con los nuevos estándares del Departamento de Justicia.
El bloqueo continúa aplicándose en todo el país, donde hay 600 ciudades y condados que ofrecen santuario a los inmigrantes indocumentados, mientras se tramita otra apelación del Gobiernoante la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Chicago.
Tras saberse la noticia, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, festejó la “victoria” del fallo, pero dijo en un comunicado que “la batalla no ha terminado”.
“Esta es una victoria para Chicago y todas las ciudades santuario del país, que no deben ser obligadas a abandonar sus valores para obtener los fondos federales para seguridad pública”, declaró.
El Departamento de Justicia anunció esta semana que envió cartas al Departamento de Policía de Chicago y a la Junta de Comisionados del Condado de Cook con una advertencia sobre la violación de leyes federales de inmigración el año pasado, cuando recibieron la subvención.
Las cartas dan un plazo hasta el 27 de octubre para que prueben lo contrario, antes de que el Gobierno tome una decisión final sobre el tema.
Sessions anunció en julio que se negarían los fondos porque las ciudades santuario “no cumplen voluntariamente” con la ley federal que obliga a los gobiernos locales a compartir con las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas bajo su custodia.
Según apuntó, esas ciudades limitan el cumplimiento de las retenciones de indocumentados en las cárceles, pedidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), no informan cuando un indocumentado está por ser liberado y prohíben que las fuerzas policiales pregunten sobre el estatus migratorio de las personas en encuentros rutinarios.
Al presentar la demanda, Emanuel, argumentó que los nuevos estándares obligaban a las autoridades locales a comunicar a ICE con 48 horas de anticipación la liberación de personas que fueran sospechosas de ser indocumentadas, un plazo considerado inconstitucional.
