El contacto es esencial para que las personas en centros de detención puedan prepararse sus audiencias de deportación.
Dos inmigrantes indocumentados detenidos en el Centro de Procesamiento del Condado Otero, en Luisiana, iniciaron este miércoles una demanda exigiendo que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) deje de impedir que los reclusos se pongan en contacto telefónico con sus abogados y familiares.
La demanda, a nombre de Franklin Gómez Carranza y Rubén Torres Jáuregui, gestionada ante el tribunal federal del distrito de Nuevo México por el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), pide que la corte ordene al ICE la suspensión de sus prácticas que restringen el acceso al teléfono, y que dé a los detenidos una forma significativa de comunicarse con el exterior.
La restricción de ese acceso, señaló AIC, interfiere con la capacidad de los detenidos para obtener o consultar con un abogado, para reunir evidencias y la información que necesitan para presentar sus casos ante tribunales, y para prepararse antes de las audiencias de deportación.
El ICE tiene bajo su custodia más de 21,000 hombres, mujeres y niños a la espera de las audiencias que decidirán, en tribunales de inmigración, si serán deportados.
“Los inmigrantes detenidos encaran obstáculos para el uso del teléfono en todo momento. Es casi imposible programar las llamadas gratuitas, la mala calidad de sonido a menudo hace que esas llamadas sirvan para nada, y la falta de privacidad hace imposible la confidencialidad”, sostuvo Kate Mellow Goettel, directora legal de AIC.
“Esto sería alarmante en cualquier circunstancia, pero lo es aun más durante la pandemia de COVID-19 cuando los abogados y otras personas no pueden visitar, con seguridad, el centro Otero”, añadió.
Por su parte Paige Pavone, de la firma de abogados que lleva la causa, dijo que “en momentos en que el ICE reconoce públicamente la necesidad de un mayor acceso a los teléfonos debido a la disminución de las visitas personales, no puede haber una explicación racional para el deterioro del acceso telefónico en Otero”.
“Las llamadas caras, de cinco a diez minutos en una línea donde todo se graba y donde otros detenidos y el personal pueden escuchar lo que se habla, impiden el desarrollo de una defensa legal y obstruye la relación entre cliente y abogado”, agregó.
