La administración McKee ha contratado a un asesor legal externo después de que el Fiscal General de R.I. Peter Neronha se negara a defender a la oficina del gobernador en la demanda vinculada a los controvertidos desalojos de personas sin hogar que acampan en la Casa de Estado.
PROVIDENCE, R.I. (WPRI) – El portavoz de Neronha, Brian Hodge, dijo que la decisión se deriva del hecho de que la oficina del gobernador Dan McKee no consultó con los abogados del fiscal general antes de entregar los avisos de desalojo la semana pasada a varias personas que habían estado durmiendo frente a la Casa del Estado.
En consecuencia, McKee ha contratado a los abogados R. Bart Totten y Stephen Lapatin, del bufete privado Adler Pollock & Sheehan, con sede en Providence, para que le representen en la demanda, según consta en los registros judiciales. Adler Pollock ha representado a las administraciones McKee y Raimondo en varias demandas importantes, incluyendo desafíos a la revisión de las pensiones de 2011 y la ley de peaje de camiones de 2016.
La oficina de McKee no respondió inmediatamente a las preguntas sobre cuánto costaría la asesoría legal externa. La decisión de Neronha de no participar en la demanda fue reportada por primera vez por el sitio web UpriseRI.
Los procedimientos legales se iniciaron después de que el gobernador diera la semana pasada a las personas que vivían en el campamento 48 horas para desalojar la Casa de Estado o enfrentarse a acciones legales, citando una ley de allanamiento.
El campamento había ido creciendo durante meses, a medida que las personas sin hogar y los defensores trataban de llamar la atención sobre la actual falta de vivienda en Rhode Island, que ha exacerbado la falta de vivienda en todo el estado.
En su comparecencia del pasado viernes en el programa 12 News at 4, la presidenta y directora ejecutiva de Crossroads Rhode Island, Karen Santilli, afirmó que nunca había visto el problema de los sin techo en Rhode Island tan grave como en la actualidad.
Un día después de que el personal de McKee entregara las notificaciones de desalojo, el abogado Rick Corley presentó una medida cautelar en el Tribunal Superior de Rhode Island, argumentando que las personas tenían derecho legal a estar en los terrenos de la Casa de Estado.
El lunes, la filial estatal de la Unión Americana de Libertades Civiles y el Centro de Justicia de Rhode Island se unieron a la lucha legal contra el gobernador, argumentando que el intento de desalojar a los sin techo violaba sus derechos constitucionales y la Declaración de Derechos de los Sin Techo del estado.
En una vista celebrada el miércoles por la mañana, el juez del Tribunal Superior David Cruise dejó en vigor una orden de restricción temporal que bloquea los desalojos, y fijó una nueva vista del caso para el viernes.
Al mismo tiempo, la oficina del gobernador ha estado tratando de establecer un alojamiento temporal para las personas sin hogar en el interior de la Armería de la calle Cranston, en el barrio de West End de la ciudad. El enorme edificio histórico -construido en 1907- ha estado cerrado en su mayor parte desde la década de 1980.
