La fiscal general de Nueva York, Letitia James, lidera demanda.
Liderados por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, una coalición de gobiernos estatales y locales se unió para demandar al presidente Donald Trump y su esfuerzo de excluir a los indocumentados del censo 2020.
La queja se centra en las consecuencias negativas en cuanto a derechos para las comunidades donde viven estos inmigrantes.
“Si los demandados logran excluir a los inmigrantes indocumentados de la distribución, algunos demandantes sufrirán daños graves a sus derechos más básicos bajo la forma representativa de gobierno de nuestra Constitución: perderán indebidamente uno o más miembros en la Cámara de Representantes y uno o más electores correspondientes en el Colegio Electoral”, se lee en la queja.
A Nueva York se sumaron 19 estados y ciudades, como Colorado, Massachusetts, Carolina del Norte y Pensilvania, así como Chicago, Filadelfia, San Francisco, Seattle y Washington, D. C.
El miércoles pasado, el presidente Trump firmó un memorando para ordenar al Departamento de Comercio la exclusión de los indocumentados en el conteo del censo.
“Mi administración no apoyará la representación del Congreso a los extranjeros que ingresen o permanezcan ilegalmente en el país, porque hacerlo crearía incentivos perversos y socavaría nuestro sistema de gobierno”, defendió Trump.
La demanda agrega que al excluir a los idocumentados, las comunidades donde viven enfrentarán problemas de financiación de programas básicos.
“Eliminar a los inmigrantes indocumentados de la base de distribución perjudicará aún más a los demandantes al, por ejemplo, socavar su capacidad para llevar a cabo la redistribución de distritos a nivel estatal y del Congreso, privándolos de fondos federales críticos y erosionando la calidad de los datos del censo en los que confían para desempeñarse en funciones gubernamentales esenciales”, acota.
Esta demanda se suma a una impulsada por organizaciones de derechos civiles.
