Más de 20 millones de personas confían en la colecta a falta de trabajo.
La esperanza de la vacuna para la COVID es una luz al final de un túnel que cada vez es más duro para EEUU desde el punto de vista de la salud y de la economía. El continuo aumento de los casos de contagios, hospitalizaciones y muertes está afectando al mercado de trabajo y la semana que acabó el 12 de diciembre 855,000 trabajadores se vieron obligados a solicitar el seguro regular de desempleo o colecta.
Se trata de 23,000 desempleados más que la semana anterior a los que se añaden 455,000 que han solicitado la llamada asistencia de desempleo en la pandemia o PUA, creado para dar cobertura a trabajadores independientes que normalmente no tienen acceso a esta red social.
En total son 1.34 millones más de trabajadores, 63,000 más que la semana anterior, los afectados por el desempleo en apenas siete días. Es el punto más alto dese septiembre y revela lo muy dañada que está la economía y con ella el mercado laboral.
Se suman ya 39 semanas consecutivas de destrucción de empleo a un ritmo superior que en cualquier momento de la Gran Recesión de 2008.
Los beneficios conocidos como PUA y los PUAC, que son una extensión para los que ya han agotado sus seguros, finalizan el 26 de diciembre y se está a la espera de que el Congreso apruebe una extensión de estos. De no hacerlo, antes de fin de año alrededor de 14 millones de familias perderán los ingresos que facilita este seguro.
La duración de la extensión de estos seguros en el paquete que negocian desde hace semanas los legisladores no se conoce. Los demócratas consideran este paquete de ayudas –valorado en unos $900,000 millones– que ahora se negocia como de transición. Los progresistas esperan que con el nuevo gobierno de Joe Biden a partir del 20 de enero se pueda ir más lejos a la hora de apoyar una economía afectada por una pandemia que no cesa.
Lo que si contiene el estímulo fiscal ahora en negociación es una ayuda directa con cheques que es la mitad de lo que se dio con el CARES Act y un refuerzo del desempleo con $300 por semana, la mitad de lo que prescribía esta misma ley de ayuda en primavera.
Los conservadores, que han estado presionando por acabar con la responsabilidad legal de los empleadores en caso de contagio de la COVID por motivos de empleo, no son partidarios ni de elevar la ayuda al desempleo ni de transferir dinero a las arcas de estados y municipios que ahora están en déficit.
El nivel de deterioro de la situación, por la pandemia y por la falta de ayuda, llevaba a primeras horas de la mañana a Mark Hamrick, economista de Bankrate a preguntarse si realmente “hay ayuda de camino”.
Al cierre de esta edición no se ha presentado ningún acuerdo cerrado que permita pensar que la ayuda está ya de camino.
En un comunicado a primera hora de la mañana Hamrick decía esperar que los legisladores vieran la “preocupante realidad de la situación” aunque también explicó que a estas alturas cuando “se ha pasado buena parte del año fracasando en una tarea obvia, nadie va a aplaudir a los miembros del Congreso”.
A finales de noviembre, más de 20.6 millones de trabajadores confían en el seguro de desempleo o colecta. El año pasado por estas fechas menos de 1.8 millones de personas cobraban este seguro.
El efecto de ello es un aumento de la pobreza de proporciones históricas. “Por lo que sabemos ningún miembro de la Cámara de Representantes y el Senado han tenido que confiar en un banco de comida para alimentarse”, decía este economista.
Heidi Shierholz, economista del Economic Policy Institute explicaba en Twitter que sin más estímulos la recuperación económica se retrasará y se profundizará en la desigualdad económica racial. “Dado el impacto del racismo sistémico y la historia los trabajadores negros latinos han perdido más trabajos durante la pandemia y tienen menos patrimonio con el que salir adelante”.
