BANGKOK (AP) – Estados Unidos y otras seis naciones emitieron el viernes (26 de noviembre) una declaración conjunta en la que piden a la comunidad internacional que suspenda toda la ayuda al ejército de Myanmar y expresan su grave preocupación por los informes sobre abusos de los derechos humanos por parte de sus fuerzas de seguridad.
La declaración se produce mientras crecen los temores de una escalada de violencia en la nación del sudeste asiático, cuyo ejército intenta aplastar un movimiento de oposición armada cada vez más activo que busca acabar con el gobierno militar.
«Nos preocupan las denuncias de almacenamiento de armas y ataques por parte del ejército, incluidos bombardeos y ataques aéreos, el uso de armas pesadas y el despliegue de miles de tropas que acompañan lo que las fuerzas de seguridad afirman que son operaciones antiterroristas, que están afectando de forma desproporcionada a los civiles», dice la declaración.
La declaración afirma que las violaciones de derechos incluyen «informes creíbles de violencia sexual y tortura», y destaca el noroeste del país, donde se ha informado de que decenas de miles de personas han sido desplazadas por los ataques del gobierno.
Los países que han emitido la declaración -Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur y Reino Unido- ya han embargado la venta de armas a Myanmar, cuyo ejército arrebató el poder al gobierno elegido de Aung San Suu Kyi en febrero. También han establecido sanciones diplomáticas y económicas específicas para presionar a los generales que están detrás del golpe de Estado.
Estas medidas, aunque perjudican a la economía de Myanmar, no han contribuido a restaurar la democracia y la paz. China y Rusia son aliados del gobierno militar y, como miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, han bloqueado la acción internacional concertada para aislar a los generales. Pekín y Moscú son también los principales proveedores de armas a Myanmar.
La declaración del viernes, publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, aplaudía el consenso declarado a principios de este mes por el Consejo de Seguridad de la ONU, que pedía «el cese inmediato de la violencia, la protección de los civiles y el acceso humanitario pleno, seguro y sin obstáculos». El consenso, emitido como declaración de prensa, no tiene poder vinculante y no tiene la influencia que tendría una resolución formal.