La familia de un joven que recibió cuatro disparos en la cabeza por parte de funcionarios policiales en Virginia, recibirá una indemnización de $5 millones de dólares.
En el año 2017, un hombre llamado Bijan Ghaisar, de 25 años de edad, fue tiroteado por funcionarios policiales luego de una persecución en la avenida George Washington Memorial, ubicada en Virginia. Posteriormente, la familia de Ghaisar demandó al gobierno estadounidense por dicho suceso.
Ahora, la familia de la víctima ha llegado a un acuerdo de indemnización de $5 millones de dólares.
De acuerdo con información de The New York Times, el acuerdo aún debe ser aprobado, en última instancia, por un juez.
Los registros judiciales señalan que los padres de Ghaisar, James y Kelly Ghaisar, recibirán aproximadamente $3.75 millones de dólares como compensación, mientras que sus abogados recibirán $1.25 millones de dólares.
Bijan Ghaisar, residente de McLean (una comunidad de Virginia), murió diez días después de haber recibido cinco disparos (cuatro en la cabeza y uno en la muñeca) por parte de los oficiales policiales, quienes fueron identificados como Lucas Vinyard y Alejandro Amaya.
Los demandantes argumentaron que los funcionarios llevaron a cabo un procedimiento de uso excesivo de la fuerza para la situación acontecida.
Este suceso causó una gran conmoción dentro de la opinión pública de Estados Unidos, pues el Departamento de Policía del condado de Fairfax publicó, en 2018, un video en el que se puede ver cómo los funcionarios policiales abordaron a Bijan Ghaisar la noche del 17 de noviembre de 2017.
Diversas organizaciones han informado que Bijan Ghaisar no suponía una amenaza para los funcionarios policiales y que, además, no estaba armado.
El caso no tuvo una resolución fácil. De acuerdo con información de The New York Times, el caso fue desestimado en diversas ocasiones por fiscales y jueces federales.
Hasta los momentos, los oficiales Lucas Vinyard y Alejandro Amaya no han sido juzgados por homicidio. En octubre de 2021, estos cargos fueron desestimados por un juez federal, el cual argumentó que los oficiales tenían derecho a la inmunidad y que sus acciones fueron las apropiadas debido a las circunstancias que las rodearon.
