Duro golpe judicial contra cárcel privada que abusa de inmigrantes indocumentados
Los inmigrantes son obligados a trabajar sino son duramente castigados.
Las denuncias trabajo forzado y demás desmanes contra indocumentados en un cárcel para inmigrantes en Georgia finalmente fueron escuchadas.
Una corte federal se posicionó a favor de que los inmigrantes detenidos en un centro en Georgia puedan demandar a la empresa que administra las instalaciones por presuntamente forzarlos a trabajar, anunciaron hoy organizaciones vinculadas al caso.
La Corte del Distrito Central de Georgia dictaminó que permitirá a los demandantes detenidos en el Centro de Detención de Stewart, ubicado en Lumpkin, Georgia, continuar con sus reclamos en el caso del guatemalteco Wilhen Hill Barrientos Barrientos, uno de los demandantes actualmente detenido en Stewart, contra la corporación CoreCivic por presuntamente violar leyes laborales, tanto federales como estatales.
La decisión del juzgado permitiría que la empresa que administra el centro pueda ser sujeta a demandas por presuntas violaciones a la ley contra tráfico humano y por obtener ganancia económica al forzar a los detenidos a trabajar a cambio de un salario muy inferior al mínimo establecido por ley.
“Esta decisión es un paso significativo en el camino de hacer a la corporación privada de prisiones responsable por su conducta inhumana e ilegal”, declaró Azadeh Shahshahani, abogada de Project South, una de las organizaciones que presentaron la demanda.
La demanda colectiva fue interpuesta en abril de este año en conjunto con el Southern Poverty and Law Center (SPLC) y los abogados Andrew Free y Burns Charest contra la corporación CoreCivic (conocida anteriormente como Corrections Corporation of America).
De acuerdo con la demanda, la corporación supuestamente paga entre 1 y 4 dólares al día a los detenidos por realizar labores de limpieza y preparación de alimentos en el Centro de Stewart.
Los demandantes alegan además que, pese a que el trabajo es catalogado como voluntario, quienes no quieren realizar las labores asignadas son sometidos a castigos, como el retiro de beneficios y servicios básicos entre los que se cuentan la alimentación, higiene o acceso a llamadas telefónicas.
En algunos casos son confinados en celdas de aislamiento.
“La decisión de la corte muestra que CoreCivic no está por encima de la ley en el trato de las personas a las que tiene a su cargo”, indicó Meredith Stewart, abogada del Southern Poverty Law Center, que también forma parte de la acusación.
Atualmente hay demandas similares interpuestas en los estados de California, Washington, Colorado y Texas para tratar de poner fin a esta práctica.
