El 18 de marzo de 2021, un juez del tribunal de distrito de Providence emitió el veredicto: el sargento Joseph Hanley era culpable de agredir a un joven llamado Rishod Gore, a quien había detenido en la calle Tell en abril de 2020.
PROVIDENCE, R.I. (WPRI) – El vídeo de la cámara corporal, reproducido repetidamente en el juicio, mostraba a Hanley dando patadas y puñetazos a Gore mientras yacía en el suelo esposado, además de llamarle de diversas formas, entre ellas «animal» y «salvaje».
Gore declaró que temió por su vida cuando Hanley se arrodilló sobre su cuello, mientras que Hanley afirmó que sólo le dio un «noogie» con la rodilla.
El juez Brian Goldman calificó el testimonio de Hanley de «invención absoluta» y dictó un veredicto de culpabilidad.
El jefe de policía y el alcalde de entonces dejaron claro que querían a Hanley fuera del cuerpo, y la nueva administración del alcalde Brett Smiley está de acuerdo.
Pero dos años después de la condena, Hanley sigue siendo sargento de la policía de Providence -aunque suspendido- y se acerca a los 20 años de servicio necesarios para cobrar una pensión completa de la ciudad.
La razón de que Hanley tenga un segundo juicio es una oscura norma judicial de Rhode Island que permite que los acusados condenados en juicios sin jurado por delitos menores en el Tribunal de Distrito tengan un segundo juicio en apelación.
La portavoz del tribunal Lexi Kriss dijo que si bien no hay fecha para el juicio de Hanley, los casos de delitos menores transferidos al Tribunal Superior en 2021 generalmente se escucharían en el otoño de 2023.
Mientras tanto, Hanley no puede ser despedido en virtud de la Declaración de Derechos de los Oficiales de la Ley, a pesar del deseo abrumador de los líderes de la ciudad para sacarlo de la fuerza.
En Pawtucket, el agente Dan Dolan fue absuelto en enero tras disparar a un adolescente cuando estaba fuera de servicio. Debido a LEOBOR, Pawtucket tuvo que pagarle 123.000 dólares en atrasos tras la absolución. Los dirigentes municipales solicitarán su despido en la vista del caso LEOBOR.
Los jefes de policía sólo pueden suspender a los agentes durante dos días antes de que se inicie el proceso de audiencia LEOBOR, lo que, según los jefes, les impide desde hace tiempo exigir responsabilidades a los agentes.
Los jefes tampoco pueden hablar públicamente de sus investigaciones sobre la mala conducta de los agentes, lo que no es la misma norma para otros acusados.
