Menores que cruzaron solos la frontera hacia Estados Unidos fueron sedados e inyectados a la fuerza mientras estaban bajo custodia del Gobierno del presidente Donald Trump, revelaron documentos judiciales presentados a un tribunal federal en Los Ángeles.
El reporte presentado en el caso sobre el incumplimiento del Gobierno federal al Acuerdo Flores, que ordena a las autoridades migratorias no tener bajo su custodia a menores inmigrantes más de 20 días y garantizarles acceso a cuidados de salud y bienestar, entre otros, contiene las declaraciones de varios adolescentes que aseguran fueron drogados a la fuerza.
Los documentos judiciales, a los que tuvo acceso la revista Vice y fueron publicados este miércoles, contienen el testimonio de un adolescente mexicano que ingresó en octubre de 2019 de forma indocumentada al país en busca de refugio.
El joven de 16 años le dijo a su abogada en noviembre pasado que había estado tomando alrededor de 20 pastillas de medicamento por día, y también habría sido inyectado. “Quiero irme porque cuando me enojo me ponen inyecciones”, dijo.
Al menos cinco veces le habrían puesto las inyecciones, la última el mes pasado, según describe el alegato.
“Cuando me dan una inyección, me entristezco. Y luego duermo por un día. Cuando me despierto después, me siento desesperado. Mi cuerpo se siente desesperado”, describe el joven, que vino buscando refugio al sentirse amenazado por pandilleros en México.
Los abogados demandantes aseguraron que seis menores bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) fueron retenidos indefinidamente en el Nexus Children’s Hospital en Houston, y al menos tres de ellos recibieron “medicación excesiva”.
Leecia Welch, abogada del National Center for Youth Law, visitó las instalaciones médicas el pasado 13 de noviembre y descubrió que al menos tres menores parecían aturdidos, entre ellos el adolescente mexicano. El menor le dijo a la abogada que tenía problemas para dormir, algo que no le pasaba en México.
El gobierno del presidente Donald Trump ha intentado en varias oportunidades derogar el Acuerdo Flores, e incluso ha tachado de activista a la juez Dolly Gee, encargada de revisar la aplicación del pacto.
En octubre pasado, Ken Cuccinelli, el número dos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo en un comunicado que “bajo el presidente Trump, la Administración se compromete a mantener unidas a las familias, pero una juez activista se está preparando para ordenar la separación de las familias bajo la custodia del DHS”.
La férrea pelea del Gobierno Trump con Gee se intensificó en 2018 cuando la Administración decidió evadir la aplicación del Acuerdo Flores, que data desde 1997, al considerar que el país vivía una “emergencia migratoria”.
La Administración incluso dijo que se debería derogar el acuerdo argumentando su antigüedad, entre otras razones. Pero perdió una apelación en el Noveno Circuito.
La última batalla comenzó tras la llegada del coronavirus y el empeño de los activistas para denunciar el peligro que corrían las familias y los menores no acompañados detenidos.
El nuevo informe presentado a la corte también incluye los testimonios de menores recién llegados que describen las condiciones de los centros en medio de la pandemia.
Una salvadoreña de 15 años aseguró a la abogada que se sentía en riesgo a contagiarse en la estación de detención de Weslaco, Texas, ya que estuvo detenida en cuartos con otros menores donde no se respetaba el distanciamiento social.
También aseguró que no tenían acceso a jabón, y que en las líneas para ir al baño o recibir comida los menores se encontraban muy cerca unos de otros.
