La Conferencia Episcopal de Brasil alerta sobre la posible «negligencia de las autoridades públicas, a nivel federal, estatal y municipal».
Jair Bolsonaro y su Gobierno fueron recientemente denunciados por entidades religiosas e indígenas ante las oficinas de Derechos Humanos de la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS) por un posible mal manejo de la pandemia del coronavirus en Brasil, el tercer país con mayor cantidad de contagios.
El texto fue firmado por la Conferencia Nacional de Obispos, el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas, el Consejo Indigenista Misionero, el grupo Franciscanos Internacionales y la Fundación Luterana de la Diaconía. La intención de estas organizaciones fue pedir a los organismos multilaterales algún tipo de presión para que el Ejecutivo revea sus políticas sanitarias.
«De cada diez personas muertas en el mundo por covid-19, una de ellas es de Brasil», subrayaron en la carta. También alertaron sobre una aparente «conducta política, económica y social contradictoria, negacionista e indiferente al dolor, que está amplificando las profundas desigualdades».
Al respecto, puntualizaron que las personas más afectadas por esta postura gubernamental son los indígenas y afrodescendientes, «fortaleciendo así el racismo estructural». Incluso consideran que el agravamiento de la emergencia se debe a recortes presupuestarios previos: «La Ley de Techo de Gasto, por ejemplo, dificulta la inversión pública y contribuye al aumento de las desigualdades con la privatización de servicios esenciales».
Pedido de mayor transparencia
Entre los cuestionamientos a Bolsonaro y su administración, la misiva destaca «la indiferencia de los poderes públicos a nivel federal, estatal y municipal ante los hechos presentes». Con ese tono, este grupo de críticos pide «una investigación para determinar posibles responsabilidades».
Uno de los planteos más importantes se centró en la presunta falta de «transparencia en la información y confianza en las decisiones tomadas por los representantes políticos en relación a la contención del covid-19».
A su vez, respaldaron «las más de 60 peticiones de destitución del presidente, en particular por los crímenes de responsabilidades con respecto a la política de salud en tiempos de pandemia».
Por último, destacaron que hoy en Brasil «se recurre ampliamente a las noticias falsas con el propósito de reducir la adhesión popular a las recomendaciones de salud basadas en evidencias científicas y promover el activismo político contra las medidas de salud pública necesarias para contener el avance del covid-19».
Momento crítico
Actualmente, la situación más alarmante del ‘Gigante Sudamericano’ está en el estado de Amazonas. Muchos hospitales están saturados y se registra escasez de insumos básicos, como respiradores y tubos de oxígeno. Entre tanto, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, es investigado por el Tribunal Supremo ante las sospechas de no haber respondido a tiempo ante la falta de oxígeno en aquella jurisdicción, tras la muerte de 50 personas en medio del colapso hospitalario.
Sobre ello, Bolsonaro expresó: «No es nuestra competencia y no somos responsables de llevar oxígeno allí, le hemos dado los medios». También dijo que su ministro hizo un «trabajo excepcional».
Los datos oficiales del Gobierno reflejan que a nivel nacional ya se registró un total de 9,2 millones de contagios confirmados y más de 224.000 muertes. A su vez, por quinto día consecutivo Brasil tuvo más de mil muertes diarias. Durante la crisis sanitaria, la política oficial fue priorizar el funcionamiento de la economía y nunca se ordenó la cuarentena obligatoria a nivel federal.
