El gobierno de Burkina Faso ha abierto investigaciones sobre presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos por sus fuerzas de seguridad tras la aparición de un vídeo que parecía mostrar la ejecución extrajudicial de siete niños en el norte del país.
DAKAR, Senegal (AP) – «Las conclusiones de dichas investigaciones conducirán, si se comprueban los hechos, a procedimientos judiciales contra las personas responsables de estos actos», declaró el portavoz del gobierno, Jean-Emmanuel Ouedraogo, en un comunicado emitido el jueves. «No habrá impunidad para los autores probados de violaciones de derechos humanos en Burkina Faso».
El anuncio respondía a los llamamientos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que se investigara el vídeo, que circuló por grupos de chat a partir de mediados de febrero.
Associated Press publicó este mes sus propias conclusiones sobre el vídeo. La investigación de AP determinó que las fuerzas de seguridad de Burkina Faso mataron a los niños en una base militar a las afueras de la ciudad de Ouahigouya. Los familiares de uno de los chicos, Adama, de 16 años, dijeron que venía de alimentar vacas cuando las fuerzas de seguridad lo detuvieron y posteriormente lo mataron.
Combatientes yihadistas vinculados a Al Qaeda y al grupo Estado Islámico llevan siete años librando una violenta insurgencia en Burkina Faso. La violencia ha matado a miles de personas, ha desplazado a unos 2 millones y ha desestabilizado y dividido al país, antaño pacífico, lo que provocó dos golpes de Estado el año pasado.
Desde que el capitán Ibrahim Traore tomó el poder en septiembre durante el segundo golpe, han aumentado las ejecuciones extrajudiciales de civiles y se han reducido las libertades civiles, según grupos de derechos y residentes.
La promesa del gobierno de llevar a los autores ante la justicia supuso un cambio radical con respecto a su respuesta inicial a los homicidios que se recogen en el vídeo.
En el momento de la publicación de la investigación de AP, las autoridades afirmaron que las fuerzas de seguridad de Burkina Faso no estaban implicadas y que los yihadistas suelen disfrazarse de militares y filmar los asesinatos para culpar al gobierno.
El gobierno también reprimió a los periodistas días después de que el diario francés Liberation publicara su propia historia sobre los asesinatos. Agnes Faivre, corresponsal de Liberation, y Sophie Douce, corresponsal del diario francés Le Monde, fueron expulsadas y se les dio 24 horas para abandonar el país, sin explicación alguna.
Los grupos de derechos humanos afirman que el anuncio del gobierno fue un paso en la dirección correcta, pero sólo si las investigaciones prometidas dan resultados y mejoran la protección de los derechos humanos.
«El problema es que este tipo de comunicados rara vez se cumplen. No hay garantías de que éste vaya a ser la excepción», afirmó Chrysogone Zougmore, presidente del Movimiento por los Derechos Humanos de Burkina Faso.
«Las escasísimas sanciones que se producen son tan insignificantes que no tienen ningún efecto disuasorio. En resumen, y en términos de importancia, este enésimo comunicado gubernamental de este tipo no ofrece ninguna garantía de respeto de los derechos humanos y las libertades civiles», afirmó.
