Al menos cuatro guatemaltecos fueron detenidos este jueves en Guatemala acusados de estafar con visas hacia Estados Unidos a más de 180 centroamericanos.
En una serie de allanamientos realizados con la coordinación del Ministerio Público, las autoridades arrestaron a Rudy Alexander Florián Castillo, el supuesto líder de la estructura; a su mujer, Rosario Magalí Velásquez Méndez; Gilmer Leonel Hernández Pérez y Edy Candelario Solís Calderón, dijo el portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Pablo Castillo.
La investigación, que realizó la Fiscalía guatemalteca con la colaboración de Homeland Security Investigations del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró que las cuatro personas están vinculadas al trámite de visas estadounidenses falsas.
Según las pesquisas, los detenidos habrían estafado a 187 personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, a quienes les ofrecían visas de turismo y de trabajo hacia Estados Unidos.
Castillo precisó al término de los allanamientos en el municipio de Amatitlán que la estructura pedía hasta 45.000 quetzales (5.867 dólares) por cada documento que era falso.
Y agregó que este es el primer operativo tras los acuerdos a los que llegaron los Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) durante una reunión celebrada en Honduras la semana pasada con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kisrtjen Nielsen.
La Policía y la Fiscalía realizaron también un allanamiento en una litografía ubicada en el barrio La Florida, en la zona 19 de Ciudad de Guatemala, donde se presume que se imprimían las visas falsas en pasaportes originales que pertenecían a las personas agraviadas.
A los detenidos, el Ministerio Público les imputará los delitos de «estafa, falsedad material, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita».
Precisamente el miércoles, los Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica prometieron investigar a aquellas organizaciones que se dedican al tráfico ilícito de migrantes ante la supuesta salida de personas hacia Estados Unidos.
En un comunicado conjunto, los tres países advirtieron que, «ante la numerosa salida de niñas, niños y adolescentes que tiene como finalidad iniciar una ruta migratoria irregular en la cual sean expuestos a peligros inminentes», solicitarán a la justicia la «investigación y condena» de esas organizaciones.
Asimismo, pidieron al Gobierno de Estados Unidos que se sume a la investigación y judicialización de los casos e hicieron un «fuerte llamado» a los padres de familia para «evitar exponer a sus hijos a los riesgos que comprende el trayecto migratorio irregular».
