A pesar de las nuevas políticas que ofrecen visas humanitarias, hay razones por las que aún los extranjeros pueden ser «rescatados.
Viajan con traficantes “polleros” o ingresan sin registrarse en alguna de la garitas o puntos de entrada fronterizos en México. En todo caso no portan el brazalete con código QR que otorga el Instituto Nacional de Migración (INM) a los migrantes que solicitan visa humanitaria.
Estas son las razones por las cuales el gobierno mexicano ha “rescatado” a varios cientos de centroamericanos en los últimos días. El pasado domingo a 114 en La Pochota, cerca de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. Viajaban en camiones de carga, guiados por dos polleros.
Días atrás a otros grupos numerosos: 56 en Tabasco y 22 en Veracruz y hasta a cinco mujeres (una de ellas embarazada de tres meses) cuando estaban a un paso de cruzar el Río Bravo cerca del Puente Internacional Número 2.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cambió la política de repatriación masiva por un programa de ayuda humanitaria que ofrece identificación oficial (CURP), trabajo temporal y acceso a los servicios públicos durante un año con posibilidad de renovare tres veces más y hasta una posible residencia después de ese tiempo.
A cambio el extranjero deberá registrar su ingreso al ingresar por la frontera sur, donde se le coloca un brazalete que puede ser escaneado por las autoridades y así obtener el número de identificación, nombre, apellido, lugar de origen de quien lo porta. Sin éste las autoridades no permitirán la estancia en territorio nacional.
“Si no porta el brazalete quiere decir que no ha hecho o no ha estado en el protocolo y, por tanto, será regresado nuevamente a la frontera para que lo realice”, detalló Edgar González, delegado del INM en Veracruz, una de las zona más transitada. “El ingreso en adelante debe ser de manera ordenada, siguiendo el programa de ayuda humanitaria”.
De acuerdo con el último corte oficial, hasta el pasado 27 de enero habían ingresado a México 8,727 migrantes, en su mayoría hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que se dicen víctimas del crimen organizado y la mala economía. Cifras extraoficiales calculan que hay alrededor de 3,000 más en espera de ingreso.
Defensores de derechos humanos han aplaudido y avalado el nuevo plan de acción del Estado mexicano que, desde el pasado 1 de enero cuando tomó posesión López Obrador, dejó de contabilizar el número de “extranjeros devueltos a sus países de origen”. En 2018 sumaron 131, 931 hasta el mes de noviembre.
“Queremos generar un nuevo paradigma del tratamiento de la población migrante en México y buscar un desarrollo conjunto con Centroamérica”, dijo el delegado del INM Tonatiuh Guillén.
Desde algunas casas refugio de migrantes, activistas como Marven Avelar, en San Luis Potosí, adviertieron que, en adelante, el reto es que todas las instituciones públicas y privadas del país reconozcan los documentos que se les da a los foráneos. “Ahora vemos que hay empresas donde les desconocen sus papeles”.
