A través de evaluar varios aspectos, la autoridad podrá rechazar peticiones migratorias.
El 10 de diciembre termina la consulta de la política de “carga pública” del gobierno del presidente Donald Trump, después de la cual llegará un periodo de ajuste de lineamientos, pero ¿qué significa esa regla?
“La regulación propuesta define como carga pública a una persona que recibe ciertos beneficios públicos por encima de determinados umbrales definidos o por más tiempo que ciertos períodos de tiempo (sic)”, explicó Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a pregunta expresa.
El fondo de la política es que se puede negrar a cualquier extranjero un beneficio migratorio si la autoridad considera que puede representar un riesgo para las finanzas públicas, aunque USCIS afirma que su determinación considerará varios factores.
“La determinación de inadmisibilidad por carga pública es una determinación prospectiva basada en la totalidad de las circunstancias, que incluye factores exigidos por ley, como la edad, la salud, el estado familiar, los activos, los recursos, el estado financiero, la educación y las habilidades”, apuntó USCIS.
No se trata de un lineamiento nuevo, como lo ha defendido el director de esa dependencia, Francis Cissna, pero las nuevas pautas son más precisas y, a decir de defensores de inmigrantes, más duras para los sectores en pobreza extrema.
“Desde el siglo XIX, las leyes federales han exigido que los ciudadanos extranjeros puedan cuidarse a sí mismos sin ser una carga pública”, precisa Cissna. “Corresponde al gobierno de los EEUU evaluar las solicitudes de manera compatible con la ley federal, y creo que la regulación de la carga es un paso necesario para lograr ese objetivo”.
La decisión también ha sido defendida por la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, quien apuntó que cualquier extranejero debe “demostrar que puede sostenerse financieramente”, por lo cual es necesario que lo demuestre, a fin de no representar una “carga” para las finanzas públicas al aplicar por programas sociales de todo tipo, incluidos de vivienda y médicos.
“Esta norma propuesta implementará una ley aprobada por el Congreso con el objetivo de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos finitos (públicos) al garantizar que no es probable que se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses”, argumentó Nielsen.
Destacó que el lineamento, que se describe en un documento de más de 400 páginas, recibe comentarios públicos, a fin de realizar ajustes, podrían afectar más a quienes soliciten una Residencia Permanente o “green card”, pero en otros casos habría impactos menores, como en los procesos de naturalización.
“La ‘carga pública’ no aplicaría para naturalización, pero ellos (USCIS) quiere limitar la exención de pago para aquellas personas que reciben beneficios públicos”, apuntó José León, abogado supervisor de la Unidad de Naturalización de Catholic Migration Services (CMS), durante una entrevista sobre un taller de naturalización.
