El Tribunal Supremo de Japón dictaminó el martes que las restricciones impuestas por un ministerio gubernamental al uso de los baños por parte de una empleada transgénero en su lugar de trabajo son ilegales, en una decisión histórica que podría promover los derechos de las personas LGBTQ+ en un país sin protección legal para ellas.
TOKIO (AP) – Se trata de la primera sentencia del tribunal sobre el entorno laboral de las personas LGBTQ+.
Los jueces afirmaron en una sentencia unánime que las restricciones del Ministerio de Economía y Comercio, que obligaban a la empleada a utilizar o bien un baño de hombres cercano o bien baños de mujeres situados al menos a dos plantas de distancia, eran «extremadamente inapropiadas». Dijo que la aprobación de las restricciones por la Autoridad Nacional de Personal, que se supone que sirve a los intereses de los empleados del gobierno, era «ilegal» y un «abuso de poder».
La victoria de la demandante, identificada únicamente como una funcionaria ministerial transgénero de unos 50 años que demandó al gobierno por el acceso a los aseos, fue una buena noticia para la comunidad LGBTQ+ de Japón, único miembro del Grupo de los Siete países industrializados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal.
«Todas las personas deben tener derecho a vivir su vida en sociedad basándose en su propia identidad sexual», declaró la demandante tras la sentencia. «Su significado no debe reducirse al uso de los aseos o baños públicos».
El ministerio había impuesto la restricción de los baños en dos plantas para limitar las posibilidades de que los compañeros de trabajo de la demandante utilizaran el mismo baño y se sintieran avergonzados. Según la sentencia, el Ministerio fue excesivamente considerado con los demás empleados, al tiempo que «desatendió injustamente las molestias del demandante», a pesar de que no había habido ningún problema ni queja.
«Aunque falte concienciación entre el público, la rama administrativa debe promover la comprensión y prohibir la discriminación», dijo el abogado del demandante, Toshimasa Yamashita. «El gobierno debe ocuparse ahora del entorno laboral de forma más adecuada para proteger los derechos de las minorías».
La decisión llega en un momento de mayor concienciación y apoyo a los derechos de las personas LGBTQ+. Los activistas han redoblado sus esfuerzos para conseguir una ley contra la discriminación desde que un antiguo ayudante del primer ministro, Fumio Kishida, dijera en febrero que no le gustaría vivir junto a personas LGBTQ+ y que los ciudadanos huirían de Japón si se permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Pero la oposición a la igualdad de derechos sigue siendo fuerte en el seno del gobernante Partido Liberal Democrático de Kishida, conocido por sus valores conservadores. En junio, el parlamento aprobó una polémica ley para promover la concienciación de las minorías sexuales sin proporcionar derechos legales.
El secretario jefe del Gabinete, Hirokazu Matsuno, declaró que el gobierno deberá examinar detenidamente la sentencia antes de responder a ella. «Trabajaremos con firmeza para lograr una sociedad en la que se respete la diversidad y todos, incluidos los miembros de minorías sexuales y los de la mayoría, valoren los derechos humanos y la dignidad de los demás y disfruten de una vida vibrante», declaró.
En Japón, los transexuales deben someterse a una operación quirúrgica para extirparse los órganos reproductores y poder cambiar su sexo en los documentos oficiales, un requisito que los grupos de derechos humanos califican de inhumano.
Kishida insiste en que la opinión pública varía sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que su reconocimiento legal tendría un amplio impacto en la sociedad y, por tanto, debe debatirse cuidadosamente.
Un tribunal de Fukuoka, en el sur de Japón, dictaminó el mes pasado que la falta de protección legal para las personas LGTBQ+ parece ser inconstitucional. Fue el último de los cinco casos judiciales presentados por 14 parejas del mismo sexo en 2019 que acusaban al gobierno de violar su igualdad. Cuatro de los tribunales dictaminaron que la política actual del gobierno es inconstitucional o casi, mientras que un quinto dijo que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo era constitucional.
