La defensa señaló a narcotraficantes como responsables del triple crimen.
Texas ejecutará hoy al mexicano Robert Moreno Ramos, condenado por matar en 1992 a su esposa y sus dos hijos para volverse a casar tres días después.
Según la previsión, Moreno, de 64 años, recibirá una inyección letal después de las 6 p.m. hora local, en la prisión estatal de Huntsville, cercana a Houston.
Como es habitual en las ejecuciones de sus nacionales, el gobierno de México ha pedido a Washington y al estado de Texas que detengan la de Moreno en cumplimiento de un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En el “Fallo Avena”, la CIJ ordenó en 2004 reconsiderar las condenas a muerte de 51 mexicanos en EEUU a quienes se les violó su derecho de solicitar asistencia legal a su país tras su detención, siguiendo la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
Sin embargo, Texas ha desoído a la CIJ y ha ejecutado ya a cinco mexicanos afectados por el “Fallo Avena”, el más reciente Rubén Ramírez Cárdenas, hace justo un año.
A Moreno lo detuvieron el 30 de marzo de 1992 por infracciones de tráfico. Ocho días después confesó haber enterrado a su esposa, Leticia (42), y sus hijos Abigail (7) y Jonathan (3), bajo el baño de la vivienda familiar, en Progreso, ciudad fronteriza con México.
Las autoridades encontraron el 7 de abril los cuerpos allí. La versión de los fiscales fue que los había matado dos meses antes, el 7 de febrero, para casarse tres días después con su amante, quien se instaló en la misma vivienda donde estaban enterrados los cadáveres.
Moreno les dijo a sus familiares que los tres habían muerto en un accidente de tráfico, pero sus inconsistencias llevaron a la hermana de Leticia a denunciar la desaparición, por lo que las autoridades le interrogaron sobre eso una vez detenido.
Moreno no confesó los asesinatos, sino aseguró a las autoridades que se los había encontrado muertos, y sus abogados defendieron durante el juicio que fueron narcotraficantes los responsables del crimen.
Según datos del observatorio Death Penalty Information Center (DPIC), en todo el país hay 134 extranjeros de 35 nacionalidades condenados a muerte, en su mayoría mexicanos (54). Además nueve vietnamitas, ocho cubanos, ocho salvadoreños y cinco hondureños.
Desde que el Tribunal Supremo restituyó hace cuatro décadas la pena de muerte, han sido ejecutados 33 extranjeros, once de ellos mexicanos y cinco cubanos.
