Un contratista local acusado de «participar en prácticas comerciales desleales y engañosas» ha sido ordenado una vez más de no tomar ningún nuevo cliente o cobrar los pagos de los existentes.
PROVIDENCE, R.I. (WPRI) – La oficina del Fiscal General de Rhode Island, Peter Neronha, presentó una denuncia contra Michael Bressette y sus dos empresas contratistas la semana pasada.
Según Neronha, Bresette se dirigía a personas vulnerables de Rhode Island, como ancianos y personas cuyas casas habían sido dañadas por inundaciones o incendios, presentándose sin previo aviso y presionándoles para que firmaran documentos que le permitieran trabajar en sus propiedades.
Pero después de eso, los documentos judiciales muestran que Bresette supuestamente «tomaba atajos, no conseguía los permisos necesarios, realizaba trabajos inadecuados y se embolsaba el dinero de los propietarios o de los ingresos del seguro».
En la mayoría de los casos, las víctimas de Bresette se quedaron con «trabajos de restauración y construcción incompletos, peligrosos o inadecuados en su casa», según los documentos judiciales.
Los archivos judiciales indican que se presentaron nueve denuncias contra Bresette y sus empresas en 2020, y Neronha afirma que siguió aprovechándose de los propietarios vulnerables después de que el Departamento de Regulación Empresarial (DBR) suspendiera su registro de contratista.
El abogado de Bresette, William Devereux, compareció en el tribunal el viernes, donde un juez determinó que BTTR LLC, una de sus empresas, estaba en desacato civil después de que un empleado continuara contactando a los clientes.
Como resultado, el juez ordenó a Bresette informar a su personal de que no puede solicitar pagos a los clientes o a las aseguradoras. También debe notificar al tribunal una vez que lo haya hecho.
Devereux dijo a 12 News que cree que el veredicto fue justo.
«No negamos [que haya ocurrido]», dijo Devereux. «Pensamos que fue un error inocente cometido por una persona que trabajó allí durante mucho tiempo».
Bresette no fue multado ni acusado penalmente en este caso. Sin embargo, se enfrenta a cargos penales pendientes presentados por la oficina del fiscal general por no asegurar el seguro de compensación de los trabajadores para sus empleados.
