COLUMBIA, S.C. (WCIV) – El Procurador General de Carolina del Sur, Alan Wilson, junto con otros 19 procuradores generales estatales, presentó el lunes una demanda para impedir que la Administración Biden aplique las orientaciones sobre cuestiones de transexualidad en la escuela y el trabajo, orientaciones que, según ellos, amenazan el deporte femenino y la privacidad de los estudiantes y empleados.
Encabezada por el fiscal general de Tennessee, Herbert H. Slatery III, la demanda pone en tela de juicio las directrices federales emitidas por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) y el Departamento de Educación en relación con la posibilidad de permitir que los varones biológicos compitan en equipos deportivos femeninos, si los empleadores y las escuelas pueden tener duchas y vestuarios separados por sexo y si las personas pueden utilizar los pronombres preferidos de otra persona.
Las directrices amplían las protecciones federales contra la discriminación por razón de sexo a las personas LGBTQ, desde la participación de niñas transgénero en los deportes escolares hasta el uso de baños en la escuela y el lugar de trabajo que se ajusten a la identidad de género de una persona, según Associated Press.
La orientación, según la demanda, está relacionada con la decisión del Tribunal Supremo en el caso Bostock contra el condado de Clayton, en el que el Tribunal sostuvo que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege a los empleados contra la discriminación por ser homosexuales o transexuales.
La demanda alega que la decisión del Tribunal Supremo no aborda ninguna de las cuestiones de la citada orientación y que estos organismos no tienen autoridad para resolver esas cuestiones por sí mismos.
«Estas agencias también han malinterpretado la decisión Bostock del Tribunal Supremo al afirmar que su prohibición de la discriminación se aplica a los vestuarios, duchas y baños en virtud del Título IX y el Título VII y a los hombres transgénero que compiten en deportes femeninos, cuando el Tribunal Supremo dijo específicamente que no estaba decidiendo esas cuestiones en Bostock», dijo la oficina del fiscal general. «Todo esto, junto con la amenaza de retener la financiación educativa en medio de una pandemia, justifica esta demanda».
La demanda, presentada el lunes en el Distrito Este de Tennessee, pide al Tribunal que decida que las directrices de la EEOC y del Departamento de Educación deben considerarse inválidas e ilegales y que prohíba su aplicación.
«Este caso tiene que ver con dos agencias federales que cambian la ley cuando sólo el Congreso tiene el poder de hacerlo», dijo el Fiscal General Wilson. «Las agencias no tienen esa autoridad, pero eso no les ha impedido intentarlo. Sin embargo, incluso sus intentos ilegales no siguieron la Ley de Procedimientos Administrativos.»
Los fiscales generales de los siguientes estados también están incluidos en la demanda:
-Alabama
-Alaska
-Arizona
-Arkansas
-Georgia
-Idaho
-Indiana
-Kansas
-Kentucky
-Luisiana
-Mississippi
-Missouri
-Montana
-Nebraska
-Ohio
-Oklahoma
-Dakota del Sur
-Virginia Occidental
