«Estamos en casa», señalan para reclamar su exclusión de proyectos de ley y ayuda económica.
Líderes de inmigrantes indocumentados preparan un evento en Washington, D.C. este miércoles para enviarle un mensaje al presidente Joe Biden sobre su condición en el país, ya que acusan persecución de agentes migratorios y deportaciones.
Además de reclamar que volvieron a ser excluidos del nuevo paquete de estímulo económico aprobado en el Congreso, pues no recibirán el cheque de $1,400 dólares, aunque sí sus parejas estadounidenses, quienes también podrían reclamar ayuda por niño.
“Compartiremos el estado actual de urgencia para nuestras comunidades de inmigrantes que aún enfrentan detenciones y deportaciones bajo la administración de Biden mientras se quedan fuera de las medidas de recuperación y ayuda federales”, indican los organizadores del evento.
Entre los grupos que apoyan la protesta están NAKASEC, HANA Center, MinKwon Center, Woori Center, KRC, CASA, FIRM Action, Make the Road NY, Center for Popular Democracy (CPD), iAmerica, SEIU y NDWA, entre otras.
Aprovecharán para reforzar su campaña “We are home” (“Estamos en casa”) y empujar la agenda migratoria en el Congreso.
“Los miembros de nuestra comunidad se están quedando fuera de los proyectos de ley de inmigración actuales, como la Ley Dream & Promise y la Ley de Modernización de los Trabajadores Agrícolas, debido a las prohibiciones criminales de exclusión”, acusan. “Exigimos que el presidente Biden y el Congreso cumplan su promesa de proporcionar una hoja de ruta hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados, independientemente de su edad, país de origen o antecedentes de encarcelamiento”.
El evento se llamará el “Estado de la Unión para inmigrantes” (ISOTU) y será a las 12:00 p.m., donde se esperan a unas 600 personas tomando en cuenta los lineamientos sobre COVID-19, aseguraron los organizadores.
La campaña será el lanzamiento de la March to Victory: Relay Across America (Marcha a la victoria: relevos a través de EE.UU.).
Las nuevas políticas de deportación de Biden se enfocan a personas que ingresaron al país después del 1 de noviembre del 2020, pero principalmente criminales.
