El Censo de Población y Vivienda de Estados Unidos se realiza cada diez años para contar a las personas que están en el país.
El mandato de la Oficina del Censo no excluye a unas personas y cuenta a otras. Cualquier decisión que altere la forma en que se realiza el censo de población y vivienda, tiene repercusiones sociales, económicas y políticas.
La intención del presidente Donald Trump de dejar fuera del recuento del censo a indocumentados podría excluir hasta a 20 millones de ciudadanos de ese proceso, que se realiza por mandato constitucional cada 10 años para decidir también la representación política de cada estado, según el Instituto de Política de Migración.
Los efectos del plan podrían ser más graves en las comunidades urbanas y rurales de bajos ingresos, exacerbando cualquier bajo recuento que pueda ocurrir en esos lugares y reduciendo su poder de voto en relación con las comunidades más ricas, señaló además el Instituto.
El presidente Trump anunció el pasado 21 de julio que excluirá a los inmigrantes indocumentados del censo de 2020 usado para distribuir los 435 escaños de los 50 estados en la Cámara de Representantes.
Su decisión se dio a conocer en un memorándum publicado por la Casa Blanca y firmado por el mandatario cuando aún se lleva a cabo el censo en el país, el cual concluirá en octubre próximo su etapa de entrevistas.
“Sin comentar sobre su constitucionalidad o legalidad, parece probable que este plan excluya a millones de ciudadanos estadounidenses del ejercicio de una vez por década para decidir la representación política”, indicó el Instituto en un comunicado.
Explicó que la razón es que no existe un método infalible para saber qué encuestados son ciudadanos estadounidenses, cuáles son inmigrantes con residencia legal y cuáles no tienen un estatus legal.
Fiscales demandan
El anuncio de Trump llevó a que una coalición de 21 fiscales generales, liderados por Nueva York, nueve condados y cuatro ciudades en el país presentaran hoy una demanda contra el mandatario, el Departamento de Comercio y su secretario Wilbur Ross, y la Oficina del Censo y su director Steven Dillingham.
Según la coalición, la demanda busca evitar que la Administración Trump politice el censo y viole mandatos constitucionales.
También garantizar que la Administración cuente el número total de personas que residen en el país para el reparto de los datos, de cara a la distribución de los distritos congresionales, como lo exige la Constitución.
