La Corte Suprema bloqueó el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que protege a unos 700,000 “dreamers” de la deportación.
El mandatario inició en 2017 el proceso de finalización del programa implementado por el presidente Barack Obama, pero tras una batalla legal en varias cortes, el Máximo Tribunal aceptó dirimir las dudas.
La opinión contra la terminación de la protección migratoria fue escrita por el presidente del Tribunal, John G. Roberts Jr., y ganó con poco margen al obtener 5 votos contra 4.
El documento votado por los magistrados especifica que abordaron si la terminación del programa propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue correcta, es decir, los jueces reconocen la ilegalidad del programa, pero no su forma de terminarlo.
“Solo abordamos si el (DHS) cumplió con el requisito de procedimiento de que proporcione una explicación razonada de su acción”, indicó. “En este caso, la agencia no consideró los problemas conspicuos de si se debe mantener el perdón y qué hacer si hay algo que hacer con respecto a las dificultades para los beneficiarios de DACA”.
Roberts Jr. expresó que la Administración Trump no dimensionó el impacto al terminar el programa.
“Esa doble falla genera dudas sobre si la agencia apreció el alcance de su discreción o si ejerció esa discreción de manera razonable”, justificó.
Una reciente encuesta del Pew Research Center reveló que más del 70% de los estadounidenses apoya un proceso de ciudadanía para estos inmigrantes indocumentados.
El juez Roberts Jr. reconoce que DACA podría ser considerado “ilegal”, pero el DHS no puede terminar las protecciones a inmigrantes que llegaron al país siendo niños sin ofrecerles una opción.
A esa conclusión llegó por la decisión del Quinto Circuito de Apelaciones sobre la Acción Diferida para padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes (DAPA), que consideró que era ilegal y ordenó suspender el programa.
“Incluso si es ilegal que el DHS extienda la autorización de trabajo y otros beneficios a los beneficiarios de DACA… no arrojó dudas sobre la legalidad de la tolerancia o sobre las razones originales del DHS para extender la protección a los recién llegados”, indica la opinión. “El Memorando de DACA no puede ser rescindido por completo ‘sin ninguna consideración alguna’ de un política de indulgencia”.
El aporte de los “dreamers” al país ha estado en constante debate, pero el Centro Americano para el Progreso (CAP, por sus siglas en inglés) estimó que durante la actual crisis por la pandemia de coronavirus más de 200,000 receptores de DACA hacen trabajos esenciales.
De ellos, al menos 27,000 “dreamers” tienen distintas habilidades para atender como médicos y personal de enfermería a quienes enfrentan contagios de coronavirus, y pusieron en riesgo sus propia salud al ser parte de los “primeros en responder” a esta crisis de salud.
